ABC del acuerdo económico con el FMI ¿Qué condiciones deberá cumplir Ecuador?
Ecuador concretó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de casi cinco meses de diálogos y negociaciones. El 31 de mayo de 2024, el Directorio Ejecutivo del organismo aprobó el Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) y dispuso el desembolso de USD 1 000 millones de manera inmediata.
No se trata de un monto único, pues el crédito fue aprobado por USD 4 000 millones, que se desembolsarán durante cuatro años.
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Para el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, el programa con el FMI permitirá, que el país acceda a financiamiento de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Fondo Latinoamericano de Reservas, entre otros.
Esto dará liquidez y le permitirá, según lo anunciado, ponerse al día con las deudas que mantiene con la seguridad social, proveedores y gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo. Pero también se destinarán al pago de otras deudas internacionales.
Con el mismo FMI, Ecuador tiene una deuda por vencimientos o amortizaciones. Con este pacto, el país tendría que cancelar al menos USD 403 millones al organismo, según el ministerio de Finanzas.
¿Cuándo realizará el FMI los desembolsos a Ecuador?
El crédito del FMI se desembolsará en nueve pagos, en un lapso de 48 meses. Esto, siempre y cuando, Ecuador cumpla con las condiciones que determine el organismo y que se analizarán previo a cada nueva entrega de fondos.
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El organismo realiza un seguimiento de la implementación de las políticas acordadas por el país pues, según información oficial, "el saneamiento de la situación económica y financiera de un país garantiza el reembolso de los fondos al FMI, permitiendo que otros países miembros puedan utilizarlos".
¿Cuáles son las condiciones del FMI?
En la página del organismo se explica que los préstamos del FMI "dan a los países un respiro para que puedan ajustar sus políticas de manera ordenada". Y que, normalmente, uno de los requisitos para lograr un acuerdo, es que el gobierno del país y el FMI definan un programa de políticas económicas que permita sanear las finanzas locales.
"Como los préstamos del FMI suelen ir acompañados de una serie de medidas correctivas, indican que se están aplicando las políticas adecuadas, lo que incentiva la vuelta de los inversionistas privados", asegura el organismo.
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Para el experto tributario, Freddy Cevallos, se trata de una condición lógica, pues todo acreedor debe procurar que su deudor cumpla con lineamientos para garantizar el pago de ese dinero. Además, destaca el beneficio que trendrá el país ante otros organismos internacionales.
Aunque las condiciones todavía se negocian, el FMI determina aspectos base que ya se han discutido en ocasiones anteriores:
El primer gran paso para lograr el acuerdo con el FMI fue el alza del IVA. "El Gobierno planteó, anticipadamente, un incremento al 15 %", explica Cevallos, aunque no solo responde al interés crediticio, sino al déficit fiscal que supera los USD 5 000 millones.
A ello se sumaría la focalización de subsidios, también tratada con anterioridad. El especialista detalla que el Estado destina anualmente USD 3 000 millones en subsidios y, de ese monto, USD 631 millones van únicamente para subvencionar combustibles de bajo octanaje, como Ecopaís y Extra.
"Son USD 631 millones que ayudarían a que mejoren las finanzas públicas", señala Cevallos.
El FMI también propone una reforma tributaria, que debería estar en plena vigencia para noviembre de 2024. "Ecuador debe comprometerse a reducir incentivos y beneficios tributarios, sin tanta deducción a los contribuyentes", detalla el experto.
Esto significaría un incremento en la recaudación de impuestos, pero eliminaría beneficios fiscales internos, como el que se da al empleo joven, impulsado por el propio Noboa, que da un 150 % adicional de deducción a las empresas que den trabajo a jóvenes ecuatorianos.
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También se habla de un incremento en la base de contribuyentes, que Cevallos considera que debería aplicarse, aun sin la presión del FMI. El especialista señala que, del total de la población económicamente activa, únicamente el 60 %, aproximadamente, está catastrado y paga impuestos.
El organismo internacional pide a los países controlar el gasto público, para disponer de los recursos en las áreas que realmente lo necesitan. Esto significa que el Estado debe limitar a los servidores públicos, por lo que no habrá nuevos contratos e, incluso, puede haber recortes.
El dinero se deberá orientar al sector productivo, pero también considera áreas que de ninguna forma pueden quedarse desprotegidas, como salud, educación y seguridad.