Corte Constitucional extiende por un año el periodo para desmontar la Ley de Fomento Ambiental y su reforma tributaria

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos Fiscales del Estado del 2011, declarada inconstitucional en enero del 2022, estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024.

Así lo decidió la Corte Constitucional mediante una decisión tomada el 1 de noviembre (Auto 58-11-IN/23), dado que durante el plazo que dieron para desmontar esa normativa del gobierno de Rafael Correa, hasta el fin del 2023, no se promovieron reformas legales para “suplir los vacíos normativos que pudieran afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas".

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Entre las razones citadas para ampliar la validez de la Ley de Fomento Ambiental, que incluyó una reforma tributaria, está la convocatoria de la muerte cruzada en mayo pasado, que disolvió la Asamblea Nacional y adelantó el fin de la administración de Guillermo Lasso.

Tal estatuto subió del 2 % al 5 % la tarifa del impuesto a la salida de divisas (ISD), redujo las utilidades de los sectores petrolero y minero, creó el impuesto a la contaminación vehicular o “impuesto verde”, creó el impuesto a las botellas plásticas no retornables, entre otros tributos.

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Ciertas de estas normas ya han sido reemplazadas con nuevas leyes, por lo que este diferimiento afecta únicamente a aquellos temas que son reguladas por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y que no han sido sustituidas, derogadas o reformadas por otros cuerpos normativos.

Actualmente, el ISD está en el 3,5 %, y en diciembre disminuirá a 2 % por un decreto de Guillermo Lasso emitido en enero del 2023.