El ITT dejará de producir USD 1 300 millones luego de su cierre, según el Observatorio de la Política Fiscal
El 20 de agosto del 2023, un 59% de electores resolvió que el crudo del ITT se mantenga bajo tierra, en la misma pregunta se determinó que el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo se daría en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales y eso ocurrió el 31 de agosto.
A 46 días de que se cumpla el año no ha habido orden ni progresividad, por el contrario, hay dudas y preocupación por lo que implicaría para el país la paralización de la producción del bloque 43.
El Observatorio de la Política Fiscal enciende las alertas y relata que de enero a mayo del bloque 43 se extrajeron 8.2 millones de barriles que generaron ingresos por USD 544 millones al Estado.
Las previsiones indican que durante todo el 2024 la producción podría ser de 19.5 millones de barriles, con un ingreso total para el país de USD 1 300 millones.
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Si se quiere establecer comparaciones, el Observatorio la pone fácil. La pérdida de la producción del ITT equivale a incrementar el IVA del 15% al 18%. Y aun si esto fuese posible, no compensaría la pérdida del ingreso de dólares al país.
Esos 1 300 millones equivalen a 17 veces la inversión extranjera directa que recibió Ecuador en el primer trimestre del 2024.
Pero ahí no termina la cosa, no explotar el ITT representa para el Ecuador una pérdida adicional de cerca de USD 2 700 millones, que es el monto invertido en infraestructura, más lo que se tendría que pagar por compensaciones sociales y el desmontaje de todo lo instalado en el bloque.
A largo plazo, la no explotación del ITT supone dejar de percibir unos USD 13 mil millones.
En lo estructural, la pérdida de estos ingresos al presupuesto general del estado profundizará el déficit fiscal, dificultará la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica.
Ya en lo puntual: se complicará el pago de amortizaciones de la deuda pública, se profundizarán los atrasos en los pagos al IESS, a los gobiernos autónomos descentralizados y a los proveedores del estado.
Por ello, el Observatorio de la Política Fiscal demanda al gobierno que solicite a la Corte Constitucional la ampliación del plazo para el cierre del ITT por lo menos en cinco años.
Tiempo que permitiría desmontar la producción del ITT de modo ordenado y conseguir fuentes alternativas de financiamiento para el presupuesto.