Día decisivo en Brasil: 6 "errores y aciertos" de la presidenta Dilma Rousseff
Dilma Rousseff: la presidenta brasileña está a punto de ser suspendida por el Senado.
La sesión puede prolongarse horas, pero diversas proyecciones anticipan que los senadores superarán la mayoría simple de votos necesaria para remover a Rousseff de la Presidencia por hasta 180 días, mientras transcurre el juicio político.
En ese caso, la mandataria que asumió el gobierno en 2011 sería reemplazada por el vicepresidente Michel Temer.
Rousseff, de 68 años, no está acusada de corrupción sino de haber usado ilegalmente dinero de bancos públicos para disimular la falta de recursos del gobierno, mejorando sus posibilidades de reelección en 2014.
Si es juzgada y dos tercios de los senadores la encuentran culpable, la presidenta resultaría destituida en medio de una feroz crisis económica y un colosal escándalo de corrupción que golpea a la clase política brasileña en general.
Sería un final de mandato trágico para Rousseff y para 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política de izquierda que llegó a ser admirada dentro y fuera de Brasil por sacar a millones de personas de la pobreza.
Pero, ¿cuáles son los motivos por los que la presidenta podría ser recordada además de este impeachment?
A continuación, tres hechos que han sido ampliamente señalados como errores de Rousseff y otros tres considerados aciertos —aunque no abarquen toda su gestión, quizá alguno sirva para entender por qué la presidenta está en una situación límite.
Uno de los errores más atribuidos a Rousseff es el haberse quedado virtualmente aislada en la Presidencia por su estilo imperioso y su falta de cintura política para gobernar.
Varios defensores de Rousseff sostienen que esas críticas responden al machismo de la sociedad brasileña y que difícilmente existirían si el presidente fuera hombre.
“Han mezclado en todo esto un gran prejuicio contra la mujer”, sostuvo la propia mandataria el mes pasado.
Sin embargo, hasta los correligionarios de Rousseff deslizan en estos días comentarios poco elogiosos a la forma como se ha conducido desde lo más alto del poder.
“Dilma es una persona que tiene una dificultad de dialogar, de oír, es el perfil de ella”, indicó esta semana el senador Humberto Costa, miembro del PT y líder del gobierno brasileño en la cámara alta.
“No estoy diciendo que tenía que hacer alguna concesión a la corrupción”, añadió Costa en el diario Folha de S.Paulo. “Pero en Brasil, en este modelo de presidencialismo de coalición, tienes que tener una relación que tiene que convivir y tener a tu lado gente que piensa y actúa de manera diferente”.
La pérdida de apoyo político de Rousseff se refleja ahora en el Congreso, donde exaliados y hasta recientes ministros de su gobierno apoyan el proceso para suspenderla y juzgarla.
¿Rousseff sería sometida a un juicio político si la economía de su país estuviera mejor? Muchos creen que la respuesta a esta pregunta es un gran no.
Pero eso difícilmente sirva de consuelo para la presidenta y, sobre todo, para los millones de brasileños que sufren la peor caída económica de su país en varias décadas.
Cerca de 1,8 millones de puestos de trabajo se perdieron en Brasil desde que Rousseff inició su segundo mandato en enero de 2015 y la tasa de desempleo subió hasta 10,9% en el primer trimestre de este año, según datos oficiales.
Fábrica inactiva en Brasil.
Se estima que en 2016 la recesión brasileña puede ser tan profunda como el año pasado (3,8%) y se teme que esto, sumado una inflación en torno a 10%, destruya los avances sociales que Brasil tuvo en tiempos recientes.
La presidenta sostiene que estos problemas responden en parte a factores fuera de su control, como la caída en los precios de las materias primas, la desaceleración de China o una sequía en su país.
Pero entre los expertos existe la convicción de que Rousseff, una economista que se involucró hasta en microdecisiones que solían tomar ministros o técnicos de gobierno, hizo oídos sordos a los avisos de que el modelo de crecimiento basado en el consumo familiar se había agotado en Brasil.
“El gobierno dobló la apuesta: intentó controlar la inflación por la vía de precios administrados, lo que generó un problema fiscal enorme”, dijo Luciano Rostagno, estratega del Banco Mizuho do Brasil, en declaraciones recientes a BBC Mundo.
El déficit presupuestal brasileño llegó a 10,8% del PIB y ahora Rousseff está a punto de ser suspendida y juzgada por sospechas de que ocultó ese problema, acusaciones que ella rechaza.
Justo cuando la cámara de Diputados iniciaba el trámite para abrirle juicio político, Rousseff tomó una decisión en marzo que muchos vieron como un grueso error: nombrar a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva ministro de gobierno.
“Todo muestra que fue un error político”, dijo el analista político David Fleischer a BBC Mundo en ese momento.
El anuncio se produjo mientras Lula era investigado por sospechas de que recibió beneficios disimulados de empresas que participaron del gigantesco esquema de sobornos en Petrobras, algo que él niega.
Las sospechas de que Rousseff intentaba salvar a su padrino político de un eventual arresto, dándole el estatus judicial especial que tienen los ministros, crecieron cuando el juez de la causa, Sérgio Moro, divulgó un diálogo telefónico entre ambos.
En la charla interceptada por la policía, Rousseff le avisaba a Lula que le enviaba el acta con su designación ministerial para usar "en caso de necesidad", lo que puede interpretarse como una referencia a la posibilidad de que fueran a arrestarlo.
La presidenta descartó esas suposiciones y sostuvo que designando a Lula jefe de gabinete buscaba reforzar el gobierno.
Pero la asunción ministerial fue suspendida por la justicia y este mes se supo que la Fiscalía pidió a la Corte Suprema investigar a Rousseff por presunta obstrucción de la justicia mediante el nombramiento de Lula.
Todo el episodio arrojó sombras sobre algo que Rousseff solía señalar como un logro de su gobierno: la supuesta falta de injerencia en la devastadora investigación de la red de sobornos en Petrobras.
Aunque parezca paradójico, fue durante el gobierno de Rousseff que Brasil obtuvo herramientas usadas para destapar el escándalo de Petrobras.
Uno de esos instrumentos fue la “ley anticorrupción” que Rousseff promulgó en agosto de 2013, estableciendo penas para empresas que perjudiquen a la administración pública y mecanismos para que colaboren con los investigadores.
La norma fue el resultado de negociaciones con aliados en el Congreso, aunque la presidenta llegó a sorprender al vetar algunos puntos que ponían límites o salvedades a los castigos, volviendo la ley más dura.
Ese mismo mes Rousseff sancionó una "ley de organizaciones criminales" que fijó reglas de la colaboración premiada: el acuerdo para que alguien contribuya con una investigación en la justicia a cambio de reducir su propia pena.
Más adelante, en pleno escándalo Petrobras, la propia mandataria lanzó críticas a los delatores y aprobó cambios a la “ley anticorrupción” que algunos vieron como retrocesos.
Pero fiscales del caso Petrobras y expertos afirman que esas leyes fueron armas eficaces para investigar o arrestar políticos y empresarios poderosos, vinculados al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
Fue algo que emocionó hasta las lágrimas a Rousseff: la comisión que ella misma instaló para investigar los abusos del régimen militar en Brasil (1964-1985) le entregó su informe final en diciembre de 2014.
El texto detalló métodos de tortura empleados por agentes del régimen, como aplicar choques eléctricos o cucarachas en los cuerpos de prisioneros, entre los que estuvo la propia Rousseff, una exguerrillera detenida en los años 70.
Con más de 3.000 páginas, el documento identificó a 377 responsables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, sugiriendo juzgar a aquellos que siguen vivos: militares, policías y agentes públicos de la época.
Aunque los autores de esos crímenes eludieron la justicia mediante una ley de amnistía de 1979 (una gran diferencia con otros países de la región) un informe así era inimaginable en Brasil años antes y fue elogiado dentro y fuera del país.
“La lucha contra las graves violaciones de derechos humanos y la publicación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad contribuyen al fortalecimiento del Estado democrático”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), insistiendo en que los responsables de esos abusos debían castigarse.
Rousseff promulgó en agosto de 2012 una de las leyes de acción afirmativa más ambiciosas de América Latina, para combatir un problema endémico de la región: la desigualdad social.
La ley, propuesta al Congreso años antes, reservó la mitad de los cupos de ingreso en universidades federales a egresados de liceos públicos negros, mulatos, indígenas y pobres.
Aunque más de la mitad de los brasileños se definen a sí mismos como negros o mulatos, según el censo de 2010, los blancos perciben en promedio cerca del doble de ingresos.
Semejante diferencia es considerada un legado vigente de la época de la esclavitud, y muchos vieron la norma sancionada por Rousseff como una instrumento para cambiar esa realidad.
“La ley de cuotas es fundamental porque cuestiona el dominio de las élites en las facultades públicas brasileñas”, dijo entonces a BBC Mundo el fraile franciscano Frei David Raimundo dos Santos, de la organización local Educafro.
También hubo críticas de quienes sostuvieron que caería la calidad de las universidades, obligándolas a incorporar alumnos de menor nivel educativo, pero la iniciativa reunió al final un apoyo casi unánime en el Senado.
La ley dio a las universidades federales cuatro años para adaptarse y, según datos oficiales, hasta fin del año pasado permitió que más de 150 mil negros ingresaron a esas casas de estudio superior.