Conozca un poco más del caso Oxy en cinco preguntas
El país fue condenado a pagar 1.000 millones de dólares a la petrolera estadounidense.
El Gobierno de Rafael Correa busca un “acuerdo amistoso” con la firma para solucionar este problema.
La resolución del Tribunal se da en momentos en que Ecuador ha dejado de percibir unos 7.000 millones de dólares debido al derrumbe de los precios internacionales del petróleo.
El pago a la petrolera significaría un 3,3 por ciento del presupuesto calculado para el 2016.
Pero, ¿De dónde viene esta demanda?. A continuación algunas preguntas y respuestas para entender mejor este tema.
Oxy demandó a Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) en 2006, después de que el Gobierno declarara la caducidad de un contrato de explotación en un zona petrolera en la Amazonía por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.
A este acto, tipificado como violación al contrato suscrito entre el Estado y la petrolera por la Ley de Hidrocarburos, se sumaron denuncias contra Oxy por falta de inversiones mínimas comprometidas y reincidir en infracciones tales como "haber sido multada en seis ocasiones por no haber respetado tasas máximas de producción autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y no notificar a este ente el inicio de la perforación de pozos".
El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió las operaciones del campo que operaba, lo que para la petrolera fue una especie de confiscación de sus activos y una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, teoría en la que basó su demanda.
La caducidad de aplicó en el 2006, durante el Gobierno de Alfredo Palacio.
Fue en el mes de mayo, en plena campaña electoral en la que los candidatos eran:
Rafael Correa, Álvaro Noboa, León Roldós, Cyntia Viteri, Luis Villacís, Gilmar Gutiérrez, Luis Macas, Fernando Rosero, Jaime Damerval, Marcelo Larrea, Marco Proaño Maya, Carlos Sagñay de la Bastida y Lenin Torres.
No, este es el fallo definitivo, por esto es que Ecuador no puede apelar.
El Ciadi emitió el 2012 una primera condena que favorecía a la petrolera y obligaba al país a pagar 1.769 millones de dólares más intereses y costos judiciales.
En agosto de 2013 un Comité de Anulaciones suspendió la ejecución de la condena emitida por el Ciadi, luego que Ecuador presentara el recurso de anulación.
Ecuador pidió la “nulidad de la condena”, veredicto que se conoció el lunes 2 de noviembre
El Gobierno mantiene su tesis de que la condena es injusta, pero a la vez el presidente Rafael Correa adelantó que se ha contactado con la petrolera para "tratar de arreglar las cosas amistosamente"; de otra manera, "perdemos los dos".