Asamblea Nacional revisa pago de indemnizaciones a jueces destituidos en 2004
Según el legislativo, los exdiputados deben pagar los 15 millones de dólares a exjueces.
La contra al menos 50 exlegisladores. El objetivo es que ellos cubran destituidos por el Congreso que estaba en funciones en el 2004.
La deberá determinar quiénes son los legisladores que votaron a favor de la destitución de los entonces jueces y vocales para que estos asuman el pago de las indeminizaciones que está cancelando el Estado por esa decisión. Esto según lo solicitado por la
, presidente de esa comisión y asambleísta por dijo que los funcionarios son responsables por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. “Luego la presidenta (de la Asamblea) presente la demanda contra quienes aparezcan como responsables que podrían ser los diputados que aprobaron esas resoluciones igual tiene que hacer e”, dijo Andino.
En el 2013, una sentencia de la dispuso que el Estado debe pagar USD 12,3 millones a los exjueces de la Corte. De esa cifra, el Gobierno canceló USD 8,8 millones; y a los vocales del antiguo Tribunal se les entregó los USD 2,2 millones que exigía la sentencia.
La destitución de los miembros de estos dos organismos se dio entre noviembre y diciembre del 2004 durante el gobierno de Gutiérrez. Aquella decisión se tomó en el marco de sesiones extraordinarias del Congreso convocadas por el mismo mandatario y que desembocaron luego en la designación de la llamada
El asambleísta por el Luis Fernando Torres fue parte de período legislativo, sin embargo, Él afirma que fue advertido de las consecuencias. “El monto establecido por CIDH bordea los USD 15 millones sin contar todavía los intereses, ello significaría que cada legislador, po cabeza, debería pagar entre USD 300 000 y 400 000”, dijo.
Al menos unos 50 diputados, en cada uno de los casos, estarían obligados a pagar esta deuda. Entre ellos estarían legisladores que representaron -en ese periodo- a
La comisión deberá entregar un informe con los nombres de los legisladores que votaron a favor de la destitución hasta el 24 septiembre, con ello el Pleno de la Asamblea deberá aprobar una resolución. Este documento será la base una demanda judicial que presidenta de la Asamblea y la PGE presentarán contra ellos para que las indemnizaciones.