13 militares y policías en audiencia por caso de lesa humanidad en los 80'

Los procesados son acusados de torturar, ataque sexual y desaparición forzada.

11 militares y 2 policías en servicio pasivo esperan el dictamen fiscal sobre el supuesto delito de lesa humanidad que habrían cometido en la década de los 80. Tres integrantes del grupo 'Alfaro Vive Carajo' (AVC) son las presuntas víctimas.

La sala de audiencias se llenó esta mañana en su mayoría de militares en servicio pasivo que fueron a respaldar a sus 11 compañeros que se encuentran procesados por delitos contra los Derechos Humanos.

La diligencia comenzó a las 8:50 de hoy, 12 de marzo del 2014. En la planta baja del edificio, familiares, amigos y militares retirados piden justicia a favor de los inculpados con carteles y gritos. 

Los procesados son investigados por la tortura, desaparición forzada y ataque sexual que supuestamente se habría cometido en contra de tres integrantes del grupo AVC.

Este caso se remonta al 10 de noviembre de 1985. Ese día, los tres integrantes de AVC, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, fueron detenidos en Esmeraldas por militares, quienes les pidieron sus identificaciones y, sin ninguna razón u orden judicial, los llevaron al cuartel “Batallón Montúfar” y según los argumentos expuestos por la Fiscalía, allí comenzó su tortura.

El general Ernesto Gonzáles quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dice que están presentes en el juicio para defender el honor y el prestigio institucional.

Susana Cajas y Luis Cajas, integrantes de Alfaro Vive y quienes se consideran víctimas, esperan que se haga justicia y aseguran que la pelea no es contra las Fuerzas Armadas, sino contra quienes abusaron y torturaron. 

En total son 13 los procesados en este caso, todos oficiales de alto rango. Dos de ellos son policías entre los que consta el general Édgar Vaca quien se encuentra en Estados Unidos y contra quien el Gobierno ecuatoriano emprende un proceso de extradición.

Esta audiencia continúa en la tarde, cuando el fiscal general del Estado dará a conocer a cuántos de los imputados acusa y exactamente por que delito.