Presidente de la autoridad electoral de Perú denuncia agresión física
El presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha denunciado haber sufrido una agresión física y verbal dentro del Club Regatas de Lima. La situación política en Perú es muy tensa debido a los recursos que impiden la proclamación de un nuevo presidente tras las elecciones del pasado 6 de junio.
"Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima", publicó Corvetto en Twitter.
Además, ha denunciado que "Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor. Las fotos del agresor las adjunto".
El propio Club Regatas Lima ha publicado un comunicado explicando que estos hechos están contemplados en su estatuto y reglamento de disciplina por lo que ya se ha abierto un proceso. Estas "situaciones de discrepancia" deberían resolverse con "un cruce respetuoso y tolerante de posiciones en ámbitos privados", ha argumentado.
Corvetto ha sido señalado desde Fuerza Popular, el partido de la candidata Keiko Fujimori, por detrás en los resultados oficiales. "Quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la ONPE: ¡no te portes como un ladrón y entrega el padrón!", apuntó el fujimorista Flores Nano durante una manifestación.
La Corte Superior de Justicia de Lima ha desestimado el recurso de habeas data que interpuso Fuerza Popular contra la ONPE para que publicara el padrón por un error de forma que puede ser subsanado en un plazo de tres días.
Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.
Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.
Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.