Policía colombiana estaría detrás de 11 muertes en protestas, según informe independiente
La policía colombiana estaría involucrada en la muerte de 11 personas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, según concluyó un informe independiente publicado el lunes y respaldado por Naciones Unidas.
Ante la ausencia de una orden de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes, la policía “reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad”, indicó a la prensa Carlos Negret, encargado de la investigación y exdefensor del Pueblo. “Su actuación causó una masacre”, agregó.
Bogotá vivió dos días caóticos que iniciaron en la madrugada del 9 de septiembre por el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, quien fue reducido y golpeado por agentes de la policía pese a sus súplicas constantes para que se detuvieran, tal como consta en un video publicado en redes sociales. Uno de los policías fue condenado a 20 años de cárcel tras confesar el crimen.
La muerte de Ordóñez causó una serie de protestas contra la policía en varios puntos de Bogotá y Soacha, municipio vecino, y fue en ese contexto de violencia en el que murieron 14 personas, incluyendo a Ordóñez y a dos personas que habrían sido atacadas por civiles armados. No se registran condenas respecto de ninguno de los casos, de acuerdo al informe realizado tras seis meses de investigación que recoge más de 100 testimonios de familiares de las víctimas, testigos y policías.
“Los policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad”, indicó Negret, debido a que las víctimas compartían características socioeconómicas: vivían en sectores populares en Bogotá y Soacha, la mayoría tenía entre 17 y 27 años, no eran profesionales y en varios casos tenían trabajos informales.
Durante las protestas se registraron además 75 heridos por arma de fuego y 43 por arma corto punzante y 216 miembros de la policía resultaron heridos. Además, fueron incendiadas y destruidas 17 estaciones de policía y decenas de buses públicos.
“El objetivo hoy no es desacreditar a la policía, por lo contrario es restaurar la confianza utilizando la verdad para reformar”, dijo Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, pidió investigaciones rápidas y creíbles y sanciones contra quienes abusaron en las protestas de septiembre de 2020.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió nuevamente perdón a las víctimas por no “haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera” y lamentó que con el informe se comprobara lo que ella denunció en septiembre de 2020 cuando señaló que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de la policía.
La policía ha enfrentado señalamientos de uso desproporcionado de su fuerza contra la población por varios años consecutivos y recientemente creó una dirección de Derechos Humanos. La última jornada de protesta inició en abril de 2021 contra una reforma fiscal y se prolongó por tres meses avivada por el descontento social a raíz de la inequidad y las denuncias contra la policía.
“Esto no fue lamentablemente un hecho aislado”, dijo De Rivero en referencia a otro informe que prepara su oficina sobre las recientes manifestaciones en Colombia en las que murieron decenas de personas y más de 3.000 resultaron heridas.