Peña Nieto plantea disolver policías locales por vínculos con el narcotráfico

"México no puede seguir así", recalcó el mandatario dando la razón a la indignación nacional.

El presidente Enrique Peña Nieto pretende eliminar las policías municipales mexicanas como parte de un plan de choque contra la profunda infiltración del narcotráfico en las autoridades locales, que volvió a destaparse con la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero (sur).

Peña Nieto, inmerso en la peor crisis de su presidencia, anunció este plan el jueves en un mensaje televisado a la Nación, precedido por una nueva matanza en el estado de Guerrero, donde aparecieron 11 cadáveres decapitados.

"México no puede seguir así", recalcó el mandatario dando la razón a la indignación nacional por el crimen de los estudiantes, que ha generado multitudinarias protestas en México y reclamos desde el exterior.

"Asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad", dijo Peña Nieto en en el Palacio Nacional ante los gobernadores estatales y representantes de todos los poderes y la sociedad civil.

En su paquete de nuevas medidas de seguridad, que enviará el lunes al Congreso, el presidente incluyó una reforma constitucional para reemplazar a los cuerpos de policía municipal por fuerzas únicas de cada uno de los 32 estados.

El nuevo modelo policial pasará de "más de 1.800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces", explicó.

Otra de las propuestas permitiría al gobierno federal disolver cualquier ayuntamiento "cuando existan indicios suficientes" de infiltración del crimen organizado, señaló Peña Nieto, que también hizo propuestas en justicia y desarrollo económico.

Peña Nieto se dirigió a una sociedad mexicana que sigue escandalizada por el brutal ataque a tiros de policías locales de Iguala (Guerrero) contra decenas de estudiantes la noche del 26 de septiembre presuntamente por orden del alcalde, acusado de estar al servicio del cártel Guerreros Unidos.

Después de los ataques, que dejaron seis muertos, agentes de Iguala y la vecina localidad de Cocula entregaron a 43 estudiantes sobrevivientes a sicarios del cártel que los habrían asesinado, incinerado sus cuerpos y arrojado los restos a un río, según las investigaciones de la fiscalía.

Peña Nieto avanzó que los primeros estados donde se disolverán las policías serán los conflictivos Michoacán (oeste), Jalisco (oeste), Tamaulipas (noreste) y Guerrero donde, a pesar del amplio despliegue actual de fuerzas federales, se volvió registrar otra masacre este jueves.

Once cadáveres decapitados fueron encontrados en una carretera cercana a la localidad de Chilapa -a 330 km de Ciudad de México- horas después de que se reportaran balaceras en la zona.

Las víctimas, de entre 20 y 25 años, "además de ser ejecutadas fueron decapitadas y posteriormente algunas fueron incineradas", dijo a la AFP una fuente de la Secretaría de Gobierno de Guerrero.

La fuente señaló que junto a los cuerpos fue dejada una cartulina con un mensaje dirigido a un grupo criminal apodado 'Los ardillos' que rezaba: "Ahí está su basura".

México atraviesa por una situación "crítica" de Derechos Humanos, según Human Rights Watch, que ve al crimen de Iguala como uno de los peores de la historia reciente latinoamericana.

La ONG ha acusado a Peña Nieto de falta de compromiso contra la impunidad que rodea a la inmensa mayoría de los más de 80.000 asesinatos y 22.000 desapariciones perpetrados desde que su antecesor, Felipe Calderón, lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas en 2006.

Peña Nieto, que mantuvo el despliegue militar, asumió la presidencia en 2012 con la promesa de conseguir un "México en paz" y este jueves insistió en que su gobierno ha logrado reducir los homicidios.

También ha lanzado un programa de prevención del delito, que los expertos creen que tardará años en mostrar resultados, y un nuevo cuerpo de Gendarmería de 5.000 policías con formación militar.

Sin embargo, el crimen de Iguala desnudó de nuevo la connivencia entre el narcotráfico y policías locales, el principal motivo que esgrimió Calderón para sacar al Ejército a las calles.

Tras las desapariciones, el gobierno ya relevó a las policías de Iguala, Cocula y otros 12 municipios por nexos con la criminalidad.

Peña Nieto no es el primer presidente en tratar de reformar la policía mexicana, una de las instituciones que genera más desconfianza entre la población. Calderón ya puso en marcha un programa de controles de confianza con pruebas como el polígrafo para los más de 400.000 agentes federales, estatales y municipales.

Las pruebas fueron suspendidas por el 13% de los agentes municipales, el 10% de los estatales y el 6% de los federales, según el gobierno.

La ONG Causa en Común alertó esta semana de que 42.214 agentes de los tres niveles siguen trabajando pese a no superar las pruebas.