El paro "inexistente" que se le ha atragantado al gobierno colombiano
Cinco muertos y centenares de heridos es el saldo que ha dejado nueve días de paro en Colombia.
El presidente Juan Manuel Santos recurrió a Twitter para intentar aclarar la que tal vez sea su frase más desafortunada hasta la fecha. Pero cuando empezó a "trinar" la mayor parte del daño ya estaba hecho.
"El tal paro nacional agrario no existe", dijo el mandatario colombiano el domingo, en referencia a las movilizaciones de campesinos y transportistas de carga que este lunes entraron a su segunda semana de protestas.
"Decían que van a aislar a Bogotá, no hay tal, son 10 o 15 personas, la situación está bajo control y los problemas se están solucionando", afirmó Santos, para luego ser rápidamente desmentido por las imágenes de televisión y, sobre todo, los reportes compartidos a través de las redes sociales.
De hecho, horas después de las declaraciones del presidente miles de personas –unas 50.000, según el diario El Tiempo– marcharían por Tunja, capital del vecino departamento de Boyacá, dando un "cacerolazo" en apoyo a los campesinos y sus reclamos.
Y según estimaciones de la cadena local RCN, el paro también ha dejado pérdidas acumuladas por más de un billón de pesos (US$555 millones, aproximadamente) y al menos cinco personas muertas, la última de ellas este mismo lunes.
BBC Mundo, por su parte, pudo constatar que los efectos del paro ya se empiezan a notar en el precio de varios alimentos en los mercados bogotanos.
En el mercado de Paloquemao, por ejemplo, la libra de papa criolla pasó de costar 800 pesos colombianos a costar 1.500, mientras que una libra de cebolla larga que antes costaba 700 pesos ahora se vende en 3.500.
"Todo ha subido", le dijo a BBC Mundo Diana Pérez, una vendedora de 26 años. "¡Que huevo! Que se vaya (el presidente) a los pueblos a mirar si no hay paro", reclamó.
Para entonces, sin embargo, ya Santos había calificado su polémica afirmación de la víspera.
"No menospreciamos las protestas, de ninguna manera", aclaró el mandatario, quien en su intervención inicial había reconocido "legítimas reclamaciones" de "algunos sectores de algunos departamentos".
"Reconocemos protestas localizadas y trabajamos para resolver lo que las suscita", insistió vía Twitter el mismo domingo.
Y este lunes, en Tunja –adonde se trasladó para dialogar con los agricultores del departamento de Boyacá, a pesar de que inicialmente había asegurado que no habría negociaciones mientras se mantuvieran los bloqueos de carreteras– el presidente llegó incluso a pedir perdón "por el papayazo", una expresión colombiana que se utiliza para describir un acto de ingenuidad. "Los medios tomaron sólo la frase, pero no la explicación", se quejó.
La tajante afirmación inicial de Santos, sin embargo, no ha dejado de ser repetida con sorna por sus críticos.
Y, sobre todo, hizo que muchos manifestantes se preguntaran si el presidente en realidad entiende los serios problemas estructurales que actualmente aquejan a la Colombia rural.
Efectivamente, hasta el momento los reclamos de caficultores, productores de papa, cebollas, panela y leche, a los que se han sumado transportistas de carga y pequeños mineros, se han concentrado en 11 de los 32 departamentos de Colombia.
Pero muchos de los problemas que enfrentan los pequeños campesinos tienen un origen común y la verdad es que tampoco son nada nuevos.
"No de la mejor forma, el país urbano está enterándose hoy más que nunca de las vicisitudes que enfrenta la agricultura", reconoció el domingo Luis Genaro Muñoz, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, una organización que no apoya el paro y a la que a menudo se acusa de estar demasiado cerca del gobierno.
"Por muchos años quienes hemos trabajado en este sector hemos reclamado del país urbano y de la opinión, embelesada con los índices accionarios y con las buenas noticias del petróleo y de la minería, atención a una agricultura que ha sido duramente golpeada por múltiples factores", se lamentó Muñoz, a través de una carta abierta.
Entre los factores mencionados por el gerente de la federación Nacional de Cafeteros para explicar por qué tantos pequeños productores están trabajando con pérdidas, se destacan el cambio climático, la revaluación del peso colombiano y la insuficiente apropiación de recursos del presupuesto nacional para afrontar los retos del agro.
Pero para el analista Aurelio Suárez el problema de fondo está en el modelo de desarrollo económico impulsado por el gobierno.
"La primera causa (de los problemas de los campesinos colombianos) es el libre comercio", le dijo a BBC Mundo.
"Todo el mundo sigue pensando que el problema (con los TLC) era la importación de cebada, de trigo, de soya, de sorgo, de algodón. Pero eso ya pasó. Lo nuevo es que los agricultores se resguardaron en una serie de productos que también se empezaron a importar: papa, leche, hortalizas, cacao, azúcar", dijo Suárez, quien también destacó problemas como la apreciación de la moneda y el alto costo del crédito y de los insumos agrícolas, todos reclamos comunes de la actual protesta.
Para el analista, la única verdadera salida a los problemas del campo colombiano pasa "por reversar la política de libre comercio y apertura del agro", que en su opinión está afectando negativamente a unos 12 millones de colombianos que viven de las labores del campo.
Pero esta no parece ser, a priori, una opción aceptable para un gobierno que ve esa apertura como clave para el crecimiento de la economía y la inversión extranjera.
De hecho, después de la reunión de este lunes en Tunja, Santos recalcó que la crisis del agro no era consecuencia de las políticas de su gobierno, sino una crisis estructural "que se ha venido acumulando".
Pero el mandatario, al que le gusta asegurar que su gobierno tiene como prioridad a los campesinos, también acordó la instalación de una mesa de negociaciones para atender los reclamos de los productores de Boyacá, Cundinamarca y Nariño –departamentos todos dedicados a la los "cultivos de tierra fría" y la ganadería de leche– la que empezará a funcionar el martes a partir de las 13:00 locales.
"Estoy consciente que tenemos problemas coyunturales y problemas estructurales en el sector agropecuario", dijo además Santos, quien reconoció que las importaciones de ciertos productos "muchas veces desleales o por la vía del contrabando" eran parte del problema y se disculpó por promesas incumplidas.
"No necesitamos subsisdios, sino políticas. Políticas agropecuarias, para poder trabajar", dijo por su parte César Pachón, uno de los líderes del paro boyacense.
A pesar de lo acordado en Tunja, sin embargo, el paro por el momento se mantiene.
Pero el presidente Santos debe estar particularmente interesado en desmontar rápidamente la situación de Boyacá.
Por su proximidad geográfica con la capital este departamento ha terminado convertido en la cara más visible de las protestas.
Y un importante movimiento de solidaridad ya había empezado a forjarse en torno a las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad que intentaban mantener abiertas las vías que lo conectan con la capital.
De hecho, durante los últimos días, etiquetas virtuales como #LoQueEsConLosCampesinosEsConmigo y #YoMePongoLaRuana –el poncho de lana típico de los campesinos de Boyacá– ya habían venido marcado tendencia en las redes sociales en el país.
Pero también es cierto que la protesta no sólo ha servido para recordar que Colombia no se agota en las grandes ciudades o que rara vez es bien representada en los discursos oficiales o en los grandes medios, pues las convocatorias vía Twitter y Facebook vinculadas al paro también han ofrecido un buen recordatorio de los límites de su representatividad.
Por ejemplo, un #CacerolazoNacional en favor del paro, convocado vía Twitter para este lunes por la noche, fue todo un éxito en las redes sociales y logró capturar la atención de numerosos medios de comunicación. Pero la realidad fue algo menos glamorosa que su expresión virtual.
En Bogotá, por ejemplo, miles de personas abarrotaron la plaza de Bolívar, pero las cacerolas casi no sonaron en el resto de la ciudad.
Y la capital colombiana tiene casi ocho millones de habitantes. Y, aún así, los participantes en el "cacerolazo" fueron muchos más que los que respondieron a la convocatoria de ponerse –literalmente– la ruana durante el día, para expresar su solidaridad con los campesinos del país.
Así las cosas, todo parece indicar que la capacidad para presionar de verdad al gobierno en realidad sigue estando en otro lado.
Y es que al poder bloquear las carreteras a pocos kilómetros de Bogotá, y encarecer por esta vía el precio de los alimentos que llegan a los mercados capitalinos, los campesinos boyacenses son los mejor posicionados para obligar a los bogotanos a ponerle más atención a los reclamos de la Colombia rural.
Una buena razón para que los productores de las otras regiones del país sigan con especial atención las negociaciones que están a punto de empezar.