Odebrecht pide recuperación judicial para evitar quiebra
La constructora está en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó varios países.
El conglomerado empresarial brasileño , en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó una docena de países, entró este lunes un pedido de recuperación judicial para negociar deudas de 84.000 millones de reales (USD 21.500 millones), informó la compañía.
Se trata del mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, después del concedido en 2016 a la empresa de telefonía Oi (64.000 millones de reales).
La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica-financiera del deudor, a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores.
El pedido fue formulado por el Consejo de Administración de ODB (holding que controla las diferentes empresas del grupo) ante la justicia de Sao Paulo.
Además de la controladora ODB, el proceso involucra a una veintena de empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OEC (Odebrecht Engenharia y Construçao) y la petroquímica Braskem.
Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños -Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Banco do Brasil y Caixa Económica Federal- y también tenedores de bonos.
Creada en 1944 en el estado de Bahia (nordeste) como una constructora civil, Odebrecht SA es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública.
Desde 2014 se ha visto sacudida por el escándalo de Java Jato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos.
"El grupo Odebrecht llegó a tener más de 180.000 empleados hace cinco años. Ahora tiene 48.000, a causa de la crisis económica (...), del impacto en su reputación de muchos de los errores cometidos y de la dificultad de muchas de las empresas que colaboran con la justicia para obtener nuevos créditos y contratos", explicó el comunicado, firmado por el director presidente del grupo, Luciano Guidolin.