Milei denuncia intento de desestabilización tras represión en protesta de jubilados
El Gobierno de Javier Milei defendió este jueves 13 de marzo la actuación de las fuerzas de seguridad para dispersar la protesta en apoyo a los jubilados, argumentando que la movilización fue un intento organizado para desestabilizar al Ejecutivo. La represión policial, que dejó un saldo de 124 detenidos y 46 heridos, generó fuertes críticas y reacciones tanto de organismos de derechos humanos como de la oposición.
Represión y acusaciones de violencia organizada
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró en conferencia de prensa que la manifestación del miércoles representó una amenaza de extrema gravedad, al contar con grupos organizados con armas blancas y de fuego.
“Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado”, afirmó Bullrich, defendiendo el accionar policial como "adecuado y necesario" para contener los disturbios que se registraron en los alrededores del Congreso Nacional.
La movilización, que se realiza cada miércoles en reclamo de una actualización en las pensiones, esta vez sumó la participación de sindicatos, organizaciones sociales y barrabravas de diversos clubes de fútbol. Según Bullrich, estos grupos fueron los principales responsables de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La protesta fue dispersada con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, lo que derivó en una fuerte represión que dejó un saldo de 46 heridos y 124 detenidos.
Denuncias y disputa judicial
El Gobierno anunció que presentará una denuncia penal contra los detenidos por sedición, resistencia a la autoridad y ataque a las fuerzas de seguridad. Además, Bullrich señaló directamente al peronismo como responsable de la organización de los disturbios, mencionando que parte de los manifestantes fueron movilizados desde los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora, ambos gobernados por el Frente de Todos.
Asimismo, Bullrich acusó a la jueza Karina Andrade de favorecer la impunidad tras ordenar la liberación de 114 manifestantes. La magistrada argumentó que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
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El Ejecutivo también anunció que pedirá la expulsión inmediata de un ciudadano mexicano y una peruana que fueron detenidos en la movilización, asegurando que participaron en los hechos de violencia.
Fotoperiodistas denuncian ataque a la prensa
Uno de los casos más graves de la represión fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió el impacto de un cartucho de gas en la cabeza mientras cubría la protesta. Actualmente, se encuentra en estado crítico en el hospital Ramos Mejía.
Ante este hecho, reporteros gráficos realizaron un “camarazo” frente al Congreso en rechazo a la represión y exigiendo la renuncia de Bullrich. La ministra, sin embargo, justificó el incidente señalando que el disparo fue desviado tras impactar en una barricada en llamas.
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"Lamento mucho lo ocurrido, pero el arma no letal fue utilizada de manera correcta", argumentó Bullrich, agregando que Grillo era un "fotógrafo militante" que estaba en el lugar.
El conflicto entre el Gobierno y los sectores que denuncian el ajuste sobre los jubilados sigue escalando, con el oficialismo sosteniendo que se trata de una estrategia para desestabilizar la gestión de Milei. Mientras tanto, la creciente represión en las calles suscita preocupación en organismos de derechos humanos y sectores opositores, que advierten sobre una política de seguridad cada vez más dura y restrictiva.