Japón: un informe reveló 25 mil casos de esterilización forzada
El lunes 19 de junio, se le presentó al parlamento de Japón un informe que dejó indignado a todo el país, el texto reveló casi 25 mil casos de esterilización forzada, incluso a niños de hasta nueve años. Según el texto, las víctimas de la esterilización eran personas con discapacidades.
Las 1.400 páginas que duraba el informe fue realizado por equipos de investigación del parlamento. En virtud de la ley de eugenesia, ahora desaparecida en el país, esterilizaban a personas con discapacidades intelectuales, enfermedades mentales o trastornos hereditarios.
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25 mil personas fueron las víctimas de este ataque, todo en honor de "prevenir el nacimiento de descendientes de mala calidad". Del total, 16.500 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento, y alrededor de ocho mil con consentimiento, pero su validez es dudosa.
Las víctimas más jóvenes fueron una niña y un niño de 9 años, ambos ocurrieron entre 1964 y 1974. La víctima con más edad tenía 57 años.
La ley de eugenesia de Japón
La ley fue impuesta en 1948, pero no fue derogada hasta 1996. De acuerdo a un estudio publicado en 1998 en Cambridge University Press por Sumilo Otsubo, la eugenesia había cobrado bastante popularidad en el Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
Víctimas piden indemnización
"Todas las víctimas estamos envejeciendo y algunas han muerto. Yo misma estoy enferma y voy al hospital con frecuencia", dijo este miércoles en una rueda de prensa Junko Lizuka, una de los en torno a 25.000 japoneses esterilizados y una de las pioneras en las demandas judiciales contra el Estado japonés.
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Lizuka, de 77 años, fue sometida a una esterilización forzada bajo la ley de eugenesia nipona cuando tenía 16 años, una intervención de la que no fue consciente hasta años después y que puso su vida "patas arriba", siendo la causante de que su marido la abandonase."
El caso de Lizuka ha regresado a la actualidad informativa después de que el 1 de junio el Tribunal Superior de Sendai, que gestiona su demanda y fue pionero en el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la legislación, rechazara su apelación para que se reconozca su derecho a recibir una indemnización particular.
Desde 2018, 35 personas han llevado al Gobierno a los tribunales por todo el país tras años de negación a pagarles indemnizaciones por el período de prescripción de 20 años para pedir compensaciones.