El gobierno de Trump quiere restringir el acceso al asilo
Las nuevas limitaciones anunciadas por Washington tendrán tres excepciones.
El gobierno de anunció este lunes que quiere limitar las condiciones de asilo para los extranjeros que entren a Estados Unidos desde México y otros territorios, medidas rechazadas por el gobierno mexicano que advirtió que no recibirá de regreso a migrantes de otros países.
Washington realizó el anuncio mientras busca sin éxito un acuerdo de "Tercer País Seguro" para que los migrantes deban tramitar sus solicitudes de asilo en alguno de los países que atraviesan en su ruta desde Centroamérica hacia Estados Unidos.
La nueva normativa "utiliza la autoridad delegada por el Congreso en (...) la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo en Estados Unidos", señaló un comunicado del Departamento de Justicia.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard expresó en rueda de prensa su rechazo a esta nueva normativa, la cual, dijo, sólo tendrá validez jurídica en Estados Unidos.
"México no coincide con medidas que limiten al asilo o refugio a aquellos que temen por su vida en sus países de origen (...), y vamos a prestar atención a que se respete el principio de no devolución conforme al derecho internacional vigente", dijo.
Aunque existe un acuerdo para que determinado número de migrantes, la mayoría centroamericanos, regresen a territorio mexicano a esperar su audiencia de asilo en Estados Unidos, Ebrard dijo que México no recibirá migrantes a la luz de las nuevas restricciones.
"No entraremos en ninguna negociación de tercer país seguro sin autorización expresa del Congreso", indicó el canciller, que el martes abordará con diputados mexicanos asuntos relativos a migración.
Las nuevas limitaciones anunciadas por Washington tendrán tres excepciones: los extranjeros que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y su petición fue denegada en última instancia; quienes entren en la definición de "víctimas de una forma grave de tráfico de personas"; y quienes hayan transitado en su camino hacia Estados Unidos por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.
Denominada "Reglamento provisional final", la normativa entra en vigor el martes pero puede sufrir modificaciones posteriores tras su publicación este lunes y también puede ser objeto de recursos judiciales.
Impulsada por la Casa Blanca, está dirigida a los cientos de miles de migrantes centroamericanos y de otros países que intentan llegar a Estados Unidos desde México para pedir asilo.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración un eje de su campaña y de su gobierno, durante el cual ha sostenido un prolongado enfrentamiento con el Congreso por conseguir fondos para levantar un muro en la frontera con México.
En junio anunció que deportaría a "millones de extranjeros ilegales" y a partir de este fin de semana se esperaban masivas redadas en grandes ciudades de Estados Unidos.
Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro por el Progreso Americano calificó la nueva normativa como "ilegal", al igual que Omar C.Jadwat, director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Para Jawetz, "no se puede denominar de forma creíble" a los países de tránsito como "seguros".
La mayoría de los indocumentados que llegan a Estados Unidos desde México provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras y huyen de la pobreza y la violencia, pero también hay un creciente flujo de personas de África y Haití.
El domingo, la Corte Constitucional guatemalteca otorgó un amparo provisional a un recurso que busca evitar que esa nación se convierta en "tercer país seguro" estipulando que si el gobierno negocia un acuerdo semejante con Estados Unidos, debe contar antes con aprobación del Congreso.
Tras esta decisión, el presidente Jimmy Morales canceló una reunión que tenía prevista con Trump en Washington.
El excanciller Edgar Gutierrez dijo al diario El Periódico que un acuerdo de este tipo convertiría a Guatemala "en el campo de concentración más grande que ha existido en la historia".
El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, explicó que la normativa busca "desalentar a los migrantes económicos que buscan explotar" el sistema de asilo.
"Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente desbordado por la carga asociada a la detención y al proceso de cientos de miles de extranjeros detenidos en la frontera sur", dijo Barr este lunes.
En junio, más de 100.000 personas fueron arrestadas tras cruzar irregularmente la frontera con México. Esta cifra representa una caída de 28% respecto a mayo, pero está muy por encima de las 43.000 aprehensiones registradas hace un año y marcan un máximo en 13 años.
Según el instituto independiente Pew Research Center, en Estados Unidos hay cerca de 10,5 millones de indocumentados.