El Gobierno impugna la Ley Trans y LGTBI de Madrid ante el Tribunal Constitucional
En vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunciaron en rueda de prensa que se interpondrán dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Trans y la ley de protección de personas LGTBI de la Comunidad de Madrid.
Hace tres meses, el Defensor del Pueblo llevó ante el Constitucional la ley trans promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se argumenta que exigir apoyo de profesionales de salud mental para menores que buscan terapia hormonal o pedir informes médicos favorables es “patologizante y desproporcionado”.
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La ministra Redondo calificó la normativa de la Comunidad de Madrid como claramente regresiva, señaló también que impone nuevos requisitos que limitan derechos previamente reconocidos por leyes autonómicas y estatales. Además, afirmó que la ley es discriminatoria y patologizante al exigir informes y acompañamiento psicológico para menores trans.
Artículos impugnados
Los recursos se centran en artículos que el Gobierno considera contrarios a derechos fundamentales o que invaden competencias del Estado. La ministra Redondo resaltó que estas disposiciones chocan con la ley trans nacional y que la decisión del Gobierno cuenta con el aval del Consejo de Estado.
Se argumenta que las leyes madrileñas invaden competencias estatales al excluir a organizaciones LGTBI de procedimientos penales y administrativos sancionadores. Además, la normativa permite el uso de espacios por personas trans sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, lo cual Redondo consideró “claramente discriminatorio”.
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Redondo explicó que se recurrió al Constitucional ante la falta de avances en la negociación con la Comunidad de Madrid. A pesar de no haber concluido el plazo de seis meses para la negociación bilateral, el Gobierno decidió actuar para garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio.
El Consejo de Ministros también aprobó una declaración institucional con motivo del Día del Orgullo, reafirmando su compromiso con la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación e identidad de género.
La ministra Redondo subrayó que España es un referente en la protección de derechos del colectivo y criticó el cartel del Ayuntamiento de Madrid por vulgarizar el evento.