Fiscalía venezolana revisará 225 casos de detenidos tras protestas por resultado de elecciones
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes 15 de noviembre que su despacho ha solicitado a los tribunales revisar 225 casos entre los detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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De acuerdo con el Ejecutivo, más de 2 400 personas fueron arrestadas en el marco de los disturbios posteriores a los comicios, aunque Saab no precisó si estas revisiones podrían derivar en excarcelaciones.
"Se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 fallecidos", declaró el fiscal en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Investigaciones y compromisos
Según explicó el fiscal, la decisión surge tras exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y pruebas, realizadas en coordinación con los tribunales buscando priorizar la reunificación familiar y reforzar el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos, afirmó Saab.
El comunicado leído por el fiscal también destacó que las revisiones se centran en acciones violentas registradas tras los comicios, en los que Nicolás Maduro fue declarado vencedor.
Este resultado ha sido señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria, que acusa al gobierno de persecución sistemática contra los manifestantes y detractores.
Críticas hacia el gobierno
El anuncio de Saab se da días después de que el presidente Nicolás Maduro instára a revisar y rectificar en aquellos casos donde se hubieran cometido errores. El fiscal general, sin embargo, enfatizó que este proceso es "atribución exclusiva del Estado venezolano", rechazando los pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos que han solicitado excarcelaciones masivas.
"Vamos a seguir revisando los casos que ameriten esta medida, porque por eso Venezuela es reconocida como un sistema que protege los derechos humanos", aseguró Saab.
Mientras tanto, las familias de los detenidos y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la incertidumbre sobre si estas revisiones implicarán avances reales en la búsqueda de justicia y respeto por los derechos fundamentales.
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