Documentos muestran que Alex Saab fue informante de la DEA
Un empresario colombiano al que Estados Unidos acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro se convirtió en 2018 en colaborador de la DEA y en una “fuente activa” de información sobre los sobornos que pagó a funcionarios de Venezuela, de acuerdo con documentos que se hicieron públicos el miércoles.
Alex Saab, quien está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de Maduro, giró más de 10 millones de dólares a la Administración de Control de Drogas (más conocida como DEA) como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses que incluyó numerosas reuniones con agentes y fiscales en Colombia y en Europa.
Sin embargo, Estados Unidos dejó de considerarlo una fuente después de que Saab incumplió en 2019 el plazo que le habían fijado para entregarse y enfrentar acusaciones en Florida.
La información aparece en documentos presentados por la fiscalía de manera sellada en febrero de 2021 y que el juez federal Robert Scola ordenó que se hicieran públicos en una audiencia del miércoles en los tribunales federales en la que también fijó la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio a Saab.
Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado bajo el alegato de que no debió ser extraditado porque goza de inmunidad diplomática.
Venezuela sostiene que Saab era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.
Su extradición desde Cabo Verde tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo que en ese momento tenían el gobierno de Maduro y la oposición en México.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Saab, de 49 años y quien permanece detenido en una prisión federal de Miami, llegó a la audiencia esposado y con grilletes, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla. Lucía serio, con su cabello entrecano prolijamente sujetado hacia atrás en un pequeño rodete y no hizo declaraciones.
Saab se declaró inocente en noviembre y ha asegurado que no debería haber sido extraditado por haberse desempeñado como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”. Sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad.
Al final de la audiencia el juez ordenó que se hicieran públicos dos documentos y que fuera pública la transcripción de lo que sucedió en una parte de la audiencia, que fue cerrada al público.
El juez le preguntó a la defensa de Saab por qué quería que todos los documentos del caso permanecieran en secreto y el abogado Neil Schuster le explicó que temía por la seguridad de su cliente, su esposa y sus cinco hijos que viven en Venezuela, de acuerdo con una transcripción de toda la sesión judicial a la que tuvo acceso AP.
Le adelantó asimismo que quería presentar un pedido de libertad condicional, también de manera sellada.
“Si el gobierno venezolano se entera del alcance de lo que este individuo ha proporcionado, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos”, dijo el abogado al juez, que denegó su pedido. Al ser consultada, la fiscalía estuvo de acuerdo con que los documentos se hicieran públicos.
De acuerdo con esos documentos, Saab se reunió varias veces con agentes de la DEA y fiscales estadounidenses, entre agosto de 2016 y junio de 2018, cuando firmó el acuerdo de cooperación con la DEA. A raíz de ese pacto se comunicaba por teléfono, texto y mensajes de voz con los agentes.
En las reuniones Saab informaba a los funcionarios de Estados Unidos sobre compañías suyas que tenían contratos con el gobierno venezolano para construir viviendas económicas, incluyendo información sobre cómo esas empresas recibían los pagos y qué sucedía con el dinero después de que recibían los fondos, según los documentos.
En una reunión de junio de 2018, Saab admitió que había pagado sobornos relacionados con contratos de suministros de alimentos que había conseguido con el gobierno venezolano, indican los documentos.
En una declaración escrita enviada a AP otro de los abogados de Saab, David B. Rivkin, dijo que el empresario quería “aclarar” que “el único propósito” de las reuniones que mantuvo con funcionarios estadounidenses fue el de “confirmar que ni él ni ninguna empresa relacionada con él habían hecho nada incorrecto”.
Haber liberado el acceso a los documentos a pedido del Departamento de Justicia “no es más que un intento de perjudicar los intereses de la República Bolivariana de Venezuela”, manifestó Rivkin.