La detención de periodista venezolana escala a tribunales antiterrorismo
El pasado domingo, la periodista venezolana Carmela Longo fue detenida durante un allanamiento en su residencia en Caracas, Venezuela, en un operativo llevado a cabo por la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Según informó el sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Longo será presentada ante un tribunal antiterrorismo el próximo martes, donde enfrentará cargos de instigación al odio y terrorismo, según lo anticipado por el Ministerio Público.
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El SNTP, que ha exigido su liberación inmediata, denunció que durante el allanamiento los agentes de la PNB se llevaron equipos de computadora de la vivienda de Longo.
Este operativo se realizó apenas cinco días después de que la periodista fuera despedida del diario oficialista Últimas Noticias, donde trabajó durante casi 20 años y donde fungió como delegada sindical por más de la mitad de ese tiempo.
El SNP compartió en X (antes Twitter) un video que muestra el momento en que Longo y su hijo son trasladados a vehículos policiales, lo que generó una ola de indignación entre colegas y defensores de la libertad de prensa.
Horas después, la organización informó que el hijo de la periodista fue liberado tras ser interrogado en la sede de la DIP en Caracas.
El despido de Longo y su posterior detención fueron rechazados enérgicamente por organizaciones no gubernamentales y líderes de la oposición, quienes denuncian una intensificación de la represión contra la prensa en Venezuela.
Desde las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, que ratificarían a Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo, al menos seis periodistas fueron detenidos, elevando a diez el número total de profesionales de la prensa apresados en el contexto de la crisis política que vive el país, según cifras del SNTP.
El sindicato también alertó sobre el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo para perseguir a periodistas y reporteros gráficos, especialmente aquellos que cubrieron las protestas postelectorales.
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Cuatro de estos detenidos fueron imputados por terrorismo, una acusación que fue condenada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que el 14 de agosto pasado denunció el aumento de las detenciones arbitrarias, la censura y los bloqueos contra la prensa en Venezuela.
La líder opositora María Corina Machado se sumó a las críticas, llamando a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro por lo que calificó como una “represión desatada” contra los medios de comunicación, en particular, tras los controvertidos comicios.