En Colombia, la autoridad electoral investiga a Gustavo Petro, quien denuncia, golpe de Estado

La autoridad electoral de Colombia decidió este martes iniciar una investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente violar los topes de gastos en su campaña de 2022, pesquisas que el mandatario tilda de intento de golpe de Estado.

A Gustavo Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña “se le endilga la presunta vulneración al límite de gastos” por el equivalente a unos USD 925 000, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy.

El mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el Presidente sea sometido a un juicio político.

Entre los investigados está Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro para llegar al poder en 2022 y actual jefe de la petrolera estatal Ecopetrol, y su tesorera. También dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica, los principales movimientos políticos de izquierda en el país.

Desde que iniciaron las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, Petro insiste en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrocarlo, y a través de su cuenta en X indicó:

En una segunda publicación en su cuenta de X, petro dice:

"Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El presidente constitucional de Colombia, elegido por el voto popular, ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo. Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porqué lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley. Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor que ha sido violada por completo".

Dineros de un narco

Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado, cuando el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la Fiscalía que recibió dinero de un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe.

El abogado del presidente, Héctor Carvajal, había anticipado en una entrevista radial que no iba a reconocer ninguna decisión del CNE y que tomaría medidas legales.

Petro asegura que el CNE tiene un sesgo, pues algunos de sus magistrados son cercanos a partidos de derecha. En redes sociales, algunos de sus aliados empezaron a hacer un llamado a “defender la Constitución”.

Según las pesquisas realizadas hasta el momento por el CNE, el equipo de Petro no reportó gastos realizados para organizar encuentros multitudinarios con seguidores en la costa Caribe, una región tradicionalmente de derecha, pero que en la pasada elección catapultó al izquierdista a la presidencia.

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Esa hipótesis tomó fuerza después de que Nicolás Petro manifestara ante la Fiscalía que el dinero de un capo narcotraficante conocido como “el hombre Marlboro” entró a la campaña.

La confesión fue hecha en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, por la que el hijo del presidente fue detenido en julio de 2023. Nicolás Petro asegura que su padre no conocía sobre esos movimientos de dinero.

Otro escándalo salpicó al presidente luego de que en junio de 2023 se filtraron una serie de audios de conversaciones telefónicas de su embajador ante la FAO y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, con su mano derecha, Laura Sarabia, en los cuales este amenazaba con “contar la verdad” de supuestas anomalías realizadas para conseguir votos en la región Caribe.

También se investiga aportes de un sindicato de Ecopetrol y pagos realizados, pero presuntamente no reportados, a testigos electorales durante las votaciones.