Ucrania lidera víctimas de bombas de racimo por segundo año consecutivo
En 2023, las bombas de racimo, prohibidas en más de 100 países, mataron o hirieron a 219 personas en todo el mundo, siendo Ucrania el país con el mayor número de víctimas por segundo año consecutivo. La mayoría de los afectados por estas armas fueron civiles, quieres representaron el 93 % de los casos.
El informe de la Coalición contra las Municiones de Racimo (CMC) reveló que, aunque el número total de víctimas fue menor que en 2022, con 1 172 personas afectadas en aquel año, los ataques directos con estas municiones aumentaron, lo que muestra una preocupante tendencia.
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En lugar de ser restos no detonados los que causaron las muertes, un creciente número de víctimas provino de ataques intencionados. Además de Ucrania, otros países como Siria y Birmania también registraron el uso indiscriminado de estas armas, a pesar de los esfuerzos internacionales por erradicar su empleo.
El uso de bombas de racimo continúa afectando a varias naciones, como Azerbaiyán, Irak y Yemen, donde la explosión de restos antiguos sigue representando una amenaza constante para las comunidades.
A pesar de los esfuerzos para prohibir las bombas de racimo, potencias como Estados Unidos, Rusia, China e India aún no han firmado la Convención de Oslo de 2008, lo que dificultó los avances globales hacia la eliminación completa de este tipo de armamento.
Aunque algunos países han dado pasos importantes, como Bulgaria, Eslovaquia, Sudáfrica y Perú, que destruyeron sus arsenales de bombas de racimo en 2023, aún hay 17 naciones que continúan produciéndolas. Este grupo incluye tanto a países fuera de la convención como a miembros de la Unión Europea, como Polonia y Grecia.
El informe también destacó una disminución en la limpieza de áreas contaminadas por municiones de racimo en 2023 en comparación con el año anterior. Esta reducción pone en riesgo a miles de personas que viven en territorios afectados por restos explosivos no detonados.
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La CMC instó a la comunidad internacional a seguir financiando estos esfuerzos para garantizar que los países firmantes puedan cumplir con sus compromisos de despeje y evitar futuras tragedias.
La retirada de Lituania de la convención en 2023 generó gran preocupación entre los defensores del desarme humanitario, quienes ven en esta decisión un retroceso en la lucha por proteger a la población civil frente a las devastadoras consecuencias de las bombas de racimo.