Bukele vs. maras | Los políticos en El Salvador les dieron a las pandillas un valor que no tenían: la influencia
El país centroamericano, uno de los más violentos del mundo, vuelve al centro de atención por el conflicto entre las pandillas, las llamadas maras, y el gobierno del controvertido presidente Nayib Bukele.
El gobierno negó que detrás de la casi desaparición de los homicidios hubiera una tregua con las pandillas y ahora está decidido a mostrarse fuerte con un estado de excepción que ha supuesto el encarcelamiento de miles de jóvenes y reformas del código penal.
El salvadoreño Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Políticas para la Prevención de Violencia Juvenil y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco de San Salvador, habla con BBC Mundo y analiza la evolución de las pandillas en el país desde la perspectiva del conflicto de esos grupos con el gobierno salvadoreño.
Dice que los pactos, como el de 2012, que fortaleció a las principales pandillas, han sido la clave para entender la influencia que ahora tienen.
Expertos y publicaciones de prensa concuerdan en la hipótesis de que el gobierno de Bukele estaba negociando o al menos manteniendo un diálogo con las pandillas y que la ruptura de ese canal de comunicación, como en las anteriores ocasiones, desembocó en un brutal aumento de asesinatos: sólo 62 el sábado 26 de marzo, la jornada más sanguinaria de los últimos 20 años.
El año 2018, previo a la llegada de Bukele a la presidencia, cerró con un promedio de nueve muertes diarias, según cifras de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. En 2021, el promedio fue tres veces menor: tres muertes violentas al día.
Pero ahora regresa ese azote.
Torres explica en esta entrevista que nadie está pensando desde el gobierno en las repercusiones que estas políticas, para combatir a las pandillas, tendrán a futuro.
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¿Qué pasó el 26 de marzo en El Salvador, cuando se alcanzaron 62 homicidios en un solo día?
Se rompió, de alguna manera, la comunicación: el diálogo entre la estructura del Estado y la pandilla. Pero también el diálogo en la estructura interna de la pandilla se ha roto. Entonces, ese fue el caos que surgió ese fin de semana. Ahí se perdió el control de todo. .
Yo espero que el conflicto ya haya alcanzado su máximo y que el presidente busque la cooperación internacional: programas de reinserción.
Recuerdo su primer discurso sobre las pandillas, les dijo: "Muchachos, dejen de matar, regresen a sus casas". Pero mandarlos a la casa sin una ley, sin un programa de reinserción, no tiene sentido.
¿Por qué ahora vemos este repunte de homicidios?
Históricamente, el alza de homicidios ha sido un indicador de violencia. Las pandillas lo usan para llamar la atención de la clase política, del gobierno de turno.
El mensaje fue claro: se aumentaron los homicidios para mostrar el descontento de la pandilla sobre alguna relación con el gobierno y también para presionar. Es un método de presión.
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¿Entonces, coincide con la teoría que defienden investigadores y periodistas especializados en pandillas de que el gobierno de Bukele estaba negociando o al menos manteniendo un diálogo con estos grupos? ¿Qué respaldo tiene esa hipótesis?
Me voy por mantener un diálogo, una tensa calma, llamémosle una paz negativa. Es decir, el gobierno no se iba contra las pandillas y las pandillas también regulaban el nivel de criminalidad.
Algo sucedió. Está claro.
Puede ser por los decomisos de droga continuos, operativos que le restaron mucha capacidad económica a las pandillas, más la captura de algunos líderes importantes para la estructura.
Pero ¿qué influencia tienen realmente la MS13 —la más grande—, Barrio 18-Revolucionarios y Barrio 18-Sureños, las principales, en El Salvador?
Las pandillas son una estructura de violencia y de acciones criminales. Su influencia radica en el nivel de letalidad de la violencia que pueden ejercer, tal como quedó demostrado: consumaron 62 homicidios en un solo día.
Tienen la capacidad de elevar los indicadores de violencia relacionados a los homicidios. Una influencia para poder confrontar con otra estructura de poder como el Estado.
¿Cómo llegamos a este punto?
He podido ver la evolución. La gente hablaba de las pandillas como jóvenes descarrilados, jóvenes sin identidad. Y a la pandilla la veían como una especie de tribu, adonde los jóvenes llegaban y encontraban su identificación.
Eso decían los teóricos de estos pequeños grupos que estaban en la calle y a quienes el sistema no había absorbido.
Hubo una mezcla de violencia y se consolidó en las pandillas actuales. En las primeras épocas del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) se hacían grandes redadas.
Les hacían fotografías, rostro y tatuaje, para llevar un registro. Eso sucedió durante la política de mano dura. Con la súper mano dura fue mayor la restricción y comenzaron a responder: violencia genera más violencia.
Antes eran jóvenes descarrilados y ahora ya los llaman economía del crimen. La tregua (de 2012) marcó el antes y el después.
Antes, estos grupos tenían poder e influencia para generar actividades criminales. ¿Qué los llevó a la tregua? El interés de los políticos. Entonces, el interés de los políticos les dio un valor que no tenían: la influencia que tienen ahora.
Rompieron todo el tejido social. Los líderes comunitarios fueron mermando, también el uso de los espacios públicos o el equipamiento social, como casas comunales, canchas, parques.
¿Pero qué base tiene esa influencia de las pandillas de las que habla? ¿De dónde les viene? ¿Y cómo la ejercen?
El origen está en el mal manejo que se le ha dado a la seguridad pública y al manejo de los programas de reinserción.
Y el primer factor es el político: esa ansiedad de poder de los políticos, de no limitar con quién hacen los tratos y de no mediar las consecuencias con tal de ganar una elección política, ya sea en los territorios o a nivel presidencial.
Eso fue lo que comenzó a consolidar a estos grupos. Es decir, el reconocimiento político que se les dio a las pandillas.
Y, aparte de eso, es por el abandono que el Estado hizo en las comunidades. El Estado se retrajo, se centralizó y dejó un vacío.
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El gobierno salvadoreño vuelve a aplicar medidas de mano dura contra las pandillas.
¿Y qué responsabilidad han tenido los distintos gobiernos en esto?
Todos los gobiernos quieren decir que tienen el control de la seguridad. Y sacan a los soldados y todo. Un soldado o un policía patrullando va a agarrar a los que tenga enfrente.
Pero la violencia de las pandillas se entremezcla con una violencia social, que es mucho más compleja.
Viéndolo desde la teoría de conflictos, el conflicto es la confrontación entre dos estructuras de poder. Y esta estructura de poder, llámese Estado, llámese pandilla, están confrontados.
La pandilla elimina sus problemas asesinando y el Estado los encierra, pero eso no quiere decir que el conflicto esté gestionado.
Entonces, con las detenciones masivas, ¿llevar los homicidios a cero no significa seguridad?
No. Aquí viene un error: hemos estado contando muertos y así determinamos la percepción de si estamos seguros o no.
Violencia es el uso o el abuso de la fuerza, con la intención de hacer daño psicológico, físico y algún otro estado. Entonces, esa violencia siempre ha existido, en los territorios no bajó. El país sigue siendo violento. Pero las estadísticas de homicidios sí fluctúan, aprendimos a verlo así.
Pero debajo de esa violencia, hay una violencia estructural de exclusión, de falta de acceso a la educación, a la salud y una violencia cultural que se va trasladando de generación en generación.
Entonces, nosotros, quiérase o no, aprendimos a ver la violencia como sinónimo de homicidio y nada más. No deja de ser válida porque las tasas de homicidio son medidas así a nivel regional, incluso en Latinoamérica.
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¿Las medidas actuales que ha tomado el gobierno pueden catalogarse como seguridad?
Cuando hay un conflicto y no hay mediadores o desescaladores de ese conflicto, eso puede ir subiendo. Entonces, cuando se usa la fuerza, se corre el riesgo de que también la amenaza se vuelva más compleja.
No es lo mismo tener un arma como método disuasivo a usarla.
El presidente tenía todas las facultades: el ejército, la policía, los juzgados, la fiscalía, todo el aparato. Y cuando echa mano de eso, va golpeando y atropellando cualquier tipo de derecho.
Cuando estás en presencia de esa violencia, lo que querés es paz, que la gente aprenda a vivir sin violencia. Pero hemos dejado al gobierno y las pandillas enfrentarse, sin nadie que vaya a amortiguar.
Después vendrá el resentimiento, la frustración. Violencia genera más violencia. Estos jóvenes que han sido golpeados y que están siendo golpeados por el ejército o la policía están creando un resentimiento.
¿Qué opinión le merece la reforma al Código Penal aprobada por la Asamblea y que pena con hasta 15 años de cárcel el mero hecho de hablar de las maras o con sus miembros? ¿Es como si se quisiera ocultar el problema?
Esto trae antecedentes.
Cuando fue la tregua de 2012, se comenzaron a identificar a algunos líderes, los que tenían la palabra en la pandilla y, al hacer eso, se comenzaron a transmitir algunos de esos mensajes positivos o negativos, con buena intención o sin intención, de alguna manera para trasladar la noticia.
Entonces, debe haber una reunión con el presidente o el ministro de seguridad, poner acuerdos y pedir que la ley sea más específica, porque la tentación de cualquiera que ostenta el poder va a ser acallar las críticas.
Usted trabajó en temas de seguridad con otros gobiernos. ¿Por qué no hay forma de acabar con este problema?
Todos los programas de prevención, los programas de seguridad que se han estado trabajando con las pandillas, no han servido para reinsertar.
Es importante aclarar que las redadas y meter a la cárcel a muchos pandilleros no soluciona el problema, porque quedan muchos afuera, gente que simpatiza y que colabora con las pandillas y que asume las mismas actividades que hacía el pandillero que está en la cárcel.
Y ese ha sido uno de mis señalamientos desde la seguridad ciudadana. Si solo van a hacer redadas y a meter a los pandilleros en la cárcel, sin instalar programas de prevención, no van a tener el control del territorio.
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¿Y cuál es la mejor estrategia, según usted, para acabar con esta violencia? ¿Hay ejemplos que hayan funcionado?
No se previene el delito. No se ha trabajado en los temas de educación para la paz, de gestión del conflicto y de educar a la ciudadanía en sus derechos.
No lo ha hecho ni el gobierno, ni las municipalidades, ni la sociedad organizada porque, aunque duela decirlo, hay mucha gente que vive también y consigue recursos por la violencia. No hay programas de desarrollo integral.
Como sociedad, necesitamos tener una política de prevención de violencia que incluya los componentes de educación para la paz o cultura de paz.
¿Qué escenario prevé ahora: un regreso a cero homicidios o la continuidad de estas cifras altas?
Vendrá la respuesta de los grupos criminales que han quedado resentidos y que no van a ser llevados todos a prisión. Puede ser que haya una represalia y, entonces, lo que deben hacer los municipios es reforzar la seguridad en los corredores de violencia.
Es por eso que la mediación tiene que ser una mediación institucionalizada. Organismos probos, instituciones que tienen esa naturaleza: la intervención y la mediación. Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Comité Internacional de la Cruz Roja. Creo que estos organismos internacionales, incluso tomando en cuenta a las Naciones Unidas, podrían pedir una reunión con el presidente y valorar alternativas para mediar.
Pero si no hay un aval del gobierno, si no hay una intermediación institucionalizada, cualquier otra organización civil que intervenga podría salir afectada.