Venezuela: ONG denuncia más de 1 500 detenciones tras las protestas poselectorales
El clima de tensión en Venezuela continúa en aumento después de las elecciones presidenciales, con las cifras de detenciones en el contexto de las protestas poselectorales alcanzando niveles alarmantes.
Según la ONG Foro Penal, al menos 1 503 personas fueron arrestadas en relación con las manifestaciones que estallaron luego de que el ente electoral proclamara la victoria del presidente Nicolás Maduro.
Esta cifra refleja un incremento de 87 nuevos encarcelamientos en comparación con el balance anterior reportado por la misma organización.
Dentro del grupo de detenidos, Foro Penal identificó a 129 adolescentes, 14 personas de comunidades indígenas, 18 personas con discapacidades o enfermedades crónicas y 200 mujeres. Estos datos muestran la diversidad de los afectados por las detenciones, lo que generó una creciente preocupación a nivel nacional e internacional.
Denuncias de los derechos humanos
A pesar del alto número de arrestos, solo 90 personas fueron liberadas hasta la fecha, según el informe de la ONG, que no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias de estas liberaciones.
Por otro lado, el gobierno venezolano declaró que más de 2 400 personas fueron detenidas en total durante las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio, las cuales resultaron en 25 muertes, de acuerdo con la Fiscalía.
Las detenciones fueron acompañadas de denuncias graves por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes afirman que a muchos de los detenidos se les han imputado cargos de terrorismo y se les ha negado el derecho a una defensa con abogados privados.
Estas acusaciones de violaciones a los derechos humanos intensificaron la crítica hacia el gobierno de Maduro, tanto dentro como fuera del país.
El gobierno y la Fiscalía señalaron a la oposición como responsable de incitar “actos terroristas” que habrían causado daños significativos en infraestructuras públicas, incluyendo escuelas, hospitales, sedes de partidos políticos y otros espacios.
Sin embargo, estas afirmaciones son cuestionadas por la comunidad internacional, que exige una investigación imparcial y respeto a los derechos humanos en el manejo de la crisis.