El decreto sobre el uso legítimo de la fuerza es solo un recordatorio para policías y militares
El pasado domingo 25 de agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa suscribió un decreto ejecutivo que dispone a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas elaborar o actualizar los manuales operativos para el uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, ya hay un aparato legal que regula el accionar de los uniformados ante posibles amenazas, por lo que la disposición del Mandatario queda en el aire.
Se trata de la Ley Orgánica para el Uso Legítimo de la Fuerza, que se debatió y aprobó en la Asamblea Nacional en 2022, y su reglamento que entró en vigencia en 2023.
Es decir, no solo que existen las leyes para direccionar a los policías y militares, sino que se hicieron bajo el contexto de violencia que aqueja al país los últimos tres años. Pese a ello, Noboa utiliza un decreto para recordarles en qué contextos pueden neutralizar a las amenazas.
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¿Cuál es el alcance del decreto para el uso legítimo de la fuerza?
El decreto consta de siete hojas, cuatro artículos, dos disposiciones generales y una transitoria. El primer artículo es la elaboración de dichos manuales, que deben entregarse en cinco días, es decir, hasta el 30 de agosto.
Sin embargo, aunque estos documentos pueden ser herramientas instructivas para los uniformados, donde pueden constar estrategias o protocolos, no van a modificar el contenido de las leyes vigentes, ni tendrá un sentido contrario; es decir, se ajustará a lo ya existente.
En el decreto consta el artículo 8 de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, en dos ocasiones, una para "reiterar y disponer a la Policía Nacional" y en otro artículo a las Fuerzas Armadas. Nuevamente, no es necesario que se recuerde a los funcionarios públicos las tareas que están obligados a cumplir por ley.
Incluso los ministros de Defensa, Giancarlo Loffredo, y del Interior, Mónica Palencia, explicaron que el decreto ejecutivo no tiene mayor alcance. Palencia lo calificó como una "ratificación de voluntad política clara para respaldar a las fuerzas del orden"; mientras que Loffredo dijo que ya actualizan constantemente sus procedimientos, incluso cada que el Mandatario emite una orden que de alguna manera les involucra.
¿Los Policías y Fuerzas Armadas aplican el Uso Legítimo de la Fuerza?
Aunque hay los instrumentos legales, los uniformados temen hacer uso legítimo de la fuerza por temor a represalias de la justicia.
Un militar que conversó con Ecuavisa.com, pero prefirió mantener el anonimato, cuenta que ha recibido la orden de hacer uso de sus armas, en caso de que sea necesario y respetando el aparato legal, sin embargo, teme que al hacerlo se exponga a un complejo procedimiento en el que debe probar que existieron las condiciones necesarias para disparar.
En la ley, consta que pueden utilizar las armas de fuego letal o de impacto cinético cuando se trate de defensa propia o de otras personas; cuando el objetivo sea evitar la comisión de un delito; ante una persona que representa una amenaza o peligro inminente de muerte; y para impedir la evasión o fuga de una persona que un peligro.
La politóloga experta en temas de seguridad pública y del Estado, Katherine Herrera, dice que, además del miedo, hay un desconocimiento por parte de los servidores de la fuerza pública, así como falta de capacitación.
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A criterio de Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, sí era necesario recordar a las instituciones que deben modernizar los manuales porque hay un incremento de la violencia, pero sobre todo, porque es un mensaje de confianza para los policías y militares.
Sin embargo, advierte que si el uso de la fuerza se convierte en una estrategia contra las organizaciones criminales, estas se opondrán y responderán con determinación; es decir, advierte que podría existir una escalada de violencia.
Si bien ya había un amparo para el uso legítimo de la fuerza, la expectativa es que ahora se quiera aplicar con mayor rigurosidad. De todas maneras, Pazmiño dice que acabar con la violencia no se logra únicamente usando las armas, sino también atendiendo las necesidades sociales.
Herrera, en cambio, cuestiona que no se haya exigido un manual para el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). También recuerda que ya hay un contexto electoral, en el que el Presidente actual busca la reelección, por lo que sus decisiones estarán atravesadas por esa coyuntura.