Traslado de cabecillas a La Roca, ¿medida efectiva contra la violencia carcelaria?

La primera masacre de 2022 registrada el pasado domingo 3 de abril, en el centro penitenciario de Turi, en Azuay, dejó 20 reos fallecidos. Tras el hecho, cinco cabecillas de la banda los Lobos y disidentes autodenominados 'R7' fueron trasladados al centro de máxima seguridad conocido como La Roca.

El recién nombrado ministro del Interior, Patricio Carrillo, advirtió a los privados de libertad que "si vuelven a realizar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido serán enviados a La Roca, pero mientras mantengan el orden y la disciplina en los centros penitenciarios, nadie será cambiado".

Así la cárcel ubicada al norte de Guayaquil, junto a la Penitenciaría del Litoral y la cárcel Regional reabre tras casi una década sin operar. Pero, ¿se trata de una medida efectiva para frenar la violencia? ¿cómo funcionó hace 10 años atrás? Veamos.

La Roca fue inaugurada en 2008 y su administración estuvo en manos del entonces Ministerio de Justicia. “Allí se albergaron los primeros internos de máxima seguridad, la gran mayoría por narcotráfico y asesinato”, recuerda Itania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social.

La cárcel posee un área de construcción aproximada de 4.165 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 158 reos, según el informe publicado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional en 2021. Actualmente hay seis presos, incluido el líder de la organización delictiva los Lobos, Manuel F. alias 'Viche'.

Pero este Centro penitenciarios no estuvo libre de cuestionamientos. En 2013 se fugaron 19 reos, entre ellos, José Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces máximo líder de los Choneros. "Siendo de máxima seguridad hubo esta fuga masiva por complicidad, la mayoría fue recapturado en Colombia”, detalla Villarreal.

Ese mismo año el narcotraficante Óscar Caranqui, quien describió a La Roca como un "cementerio de hombres vivos” fue asesinado al recibir dos impactos de bala mientras se encontraban en el patio del Centro.

Ambos sucesos fueron el golpe final para que a partir de marzo del 2014 dejara de funcionar como recinto carcelario.

Para la exdirectora de Rehabilitación Social reabrir La Roca siempre fue una posibilidad sobre la mesa, "finalmente se lo ha hecho, pero esta es una reacción que se da a partir de la masacre”.

El experto en seguridad Daniel Pontón opina que el traslado de los cabecillas "juega con el efecto de castigo para generar temor en las poblaciones penitenciarias".

Aunque el Centro ya ha sido intervenido con adecuaciones en su infraestructura, sin embargo, aún no dispone de todo el equipamiento tecnológico necesario para vigilar a los internos, dijo Pablo Ramírez, director del SNAI. Ante ello, el experto en seguridad cuestiona que se haya hecho el traslado de los reos sin el equipamiento completo y lo cataloga como un error.

Además, a criterio de Pontón, esta medida también podría tener tiempo de caducidad "puede agotarse rápidamente, La Roca no es una cárcel de mucha capacidad puede llegar el momento en que se sature y, no se tenga el control efectivo sobre estas personas".

Otro de los argumentos para Pontón es que las estructuras criminales terminan adaptándose a los cambios. "Si el crimen organizado le alcanza a tomar el pulso a este sistema, no tendrá los efectos deseados", afirma.

En ese sentido, Villarreal señala que las autoridades deberán realizar traslados selectivos, “el SNAI y la Policía son los que tienen que establecer un parámetro de seguridad para el nuevo centro”.

Finalmente, Pontón propone que esta cárcel sea reubicada "la principal crítica que se le hizo fue su ubicación. Primero porque está muy cerca del río y eso genera vulnerabilidad, pero sobre todo porque está en medio de un complejo penitenciario muy grande".

Por el momento, las autoridades han anunciado que se invertirán dos millones de dólares en el Centro que consideran de máxima seguridad, una inversión que busca no repetir los errores del pasado.