El ministerio de la Mujer asumirá la Política Criminal en medio de cuestionamientos por prioridades sin resolver
Después del anuncio del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, sobre el posible cambio en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca confirmó a Ecuavisa.com que el nombre de la cartera de Estado se mantenía. Sin embargo, la variación va más allá de lo superficial, pues asumirá una nueva función, la ejecución de la Política Criminal.
En términos generales, según la norma, esto implica realizar un diagnóstico de la criminalidad en Ecuador y coordinar las respuestas a corto, mediano y largo plazo para prevenir y combatir la delincuencia. Esto se enmarca dentro de las reformas establecidas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, aprobada en marzo de 2023 por la anterior Asamblea.
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Existe poca claridad sobre cómo será ejecutada esta nueva competencia en la Cartera de Estado, Ecuavisa.com ha buscado e insistido en una entrevista con la ministra Tanca, sin tener éxito en la respuesta.
Mientras tanto, los cuestionamientos giran en el hecho de que el ministerio, creado hace poco más de un año, en noviembre de 2022, asume esta nueva responsabilidad con un presupuesto reducido en un 23 %. Además, tanto analistas de seguridad como colectivos de mujeres señalan que esta cartera de Estado ya enfrenta prioridades sin resolver. En ese sentido, ¿en qué estado recibe el Ministerio de la Mujer este rol adicional?
La política criminal llega a un ministerio con prioridades pendientes
Para implementar la Política Criminal, se establece la creación del Consejo Nacional de Política Criminal que estará a cargo de su elaboración, el cual estará integrado por un delegado del presidente de la República, el ministro a cargo de la política de derechos humanos, representantes de otros ministerios como Defensa, así como el comandante de la Policía, el SNAI, la Inteligencia, Aduanas, entre otros organismos.
La norma dispone que la dirección de la política criminal estará a cargo de un ministerio con personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera. En este contexto, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sería el encargado de esta función, aunque aún no ha sido oficializado mediante decreto ejecutivo.
En el artículo 10, se dispone las atribuciones y competencias, entre esas, el ministerio deberá actuar como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal; así como diseñar, definir e implementar planes, programas y proyectos en el ámbito.
No es todo, sus responsabilidades van más allá. Además de ejercer la dirección de la política criminal, deberá elaborar una propuesta de Plan de Política Criminal que será presentada al Consejo para su aprobación.
Asimismo, estará encargado de formular y ejecutar políticas destinadas a erradicar todas las formas de violencia y discriminación. Al igual que articular la Política Criminal con la política de seguridad integral del país, en coordinación con las entidades competentes.
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La nueva competencia del Ministerio ha generado cuestionamientos tanto desde los colectivos de mujeres como desde el sector de seguridad.
La analista política en temas de seguridad pública, Katherine Herrera, reconoce que el encargo pueda estar motivado por la necesidad de orientar la Política Criminal hacia el respeto a los Derechos Humanos, pero señala que el Ministerio de la Mujer tiene pendientes varias recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
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"No se entiende por qué el Ministerio de la Mujer va a asumir esta política en lugar de fortalecer las entidades que ya manejan el tema", y a su parecer "es muy complicado que pueda asumir una nueva política".
Sobre todo considerando el presupuesto asignado que este año se redujo de USD 17,2 millones a USD 13,2 millones. Ecuavisa.com se puso en contacto con la cartera de Estado para preguntar si tendrán recursos adicionales para implementar la nueva política, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
De esas limitaciones de recursos conoce de cerca Miriam Ernst, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, quien cuestiona que se asigne un peso adicional a una cartera de Estado que, según ella, no ha podido atender las competencias que ya tiene, como la aplicación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La experta dice que aún falta el registro único de violencia, el observatorio, y la implementación efectiva del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia que contemplaba la ley: "La aplicación real en territorio aún no se ha hecho," señala.
También señala que en este año las casas de acogida no han recibido todos los pagos a tiempo que recién están al día, lo que genera incertidumbre sobre el presupuesto asignado.
Esto es especialmente preocupante porque estas casas desempeñan un papel crucial en la reducción de la violencia contra las mujeres, incluidos los femicidios, que representan uno de los desafíos más importantes para esta cartera de Estado. El año 2023 fue particularmente violento para las mujeres, con un total de 513 femicidios registrados.
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En ese sentido, Ernst muestra su preocupación en el colectivo: "El tema de Política Criminal va a absorber la mayor parte de sus esfuerzos, tiempo y presupuesto, y no vamos a poder contar con ese soporte".