En Ecuador se detienen a adolescentes de 12 años en operativos policiales por tráfico de drogas

Solo en el lapso de una semana en Guayaquil, la Policía Nacional ha reportado la detención de al menos 11 adolescentes. Seis de ellos fueron aprehendidos como los presuntos secuestradores de dos personas en el sector de Portete, suroeste del Puerto Principal, el pasado 3 de septiembre.

Los victimarios tienen entre 14 y 17 años, y al ser menores de edad, pueden recibir sanciones socioeducativas, las cuales no los pueden dirigir a una cárcel común, según establece el Código de la Niñez y Adolescencia.

Sus procesos son dictados por jueces especializados de la Unidad de Menores Infractores y son ingresados a Centros de Adolescentes Infractores (CAI).

Aquella ley también indica que desde los 12 años -hasta los 17- una persona es considerada como adolescente en Ecuador. Según información del Ministerio del Interior, entre los 1 370 jóvenes no adultos que fueron aprehendidos hasta julio del 2024, 22 tienen esa edad que apenas los separa de ser tratados como niños por la justicia.

Esta generación está cursando el séptimo, octavo y noveno grado de educación escolar y según cifras, la infracción en la que más incurre es el abuso sexual, con 10 casos, seguidos de robos a personas (4), y tráfico de drogas (3).

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La implicación de este grupo etario en crímenes más violentos comienza desde los 13 años, al ser detenidos en casos de secuestro extorsivo y asesinato en Manabí, Los Ríos y Pichincha.

La situación se agrava aún más a los 14, cuando estos jóvenes son capturados por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de armas y extorsiones.

Según la Policía, las bandas reclutan cada vez más a chicos de estas edades porque los utilizan como piezas descartables dentro de las organizaciones, porque sobre todo, sus sanciones son más leves.

Por ejemplo, el Código de la Niñez establece que los adolescentes que incurrieron en un delito con penas menores a cinco años de cárcel, como tenencia y porte ilegal de armas, solo podrían recibir un castigo de internamiento institucional que solo pueden ser cumplidos los fines de semana hasta por seis meses, o estar recluidos en su domicilio hasta un año.

Quienes sean sentenciados por crímenes que tengan pena privativa de libertad de cinco a 10 años, como el secuestro o robo armado, podrían tener hasta cuatro años de internamiento institucional; y los menores que sean procesados por crímenes que conlleven sanciones de más de 10 años, como el asesinato o secuestro extorsivo, pueden tener hasta ocho años de internamiento.

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Además, solo en casos excepcionales reciben internamiento preventivo. Los menores de 14 solo pueden recibir esta medida si existen los suficientes indicios que están involucrados directamente en un secuestro extorsivo, en un esquema de delincuencia organizada, o si participaron de la muerte de una persona.

Ecuavisa.com consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para conocer por cuáles delitos están internados los jóvenes en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), y señalaron que esta información no es pública porque su entrega vulneraría los derechos de los jóvenes.

Sin embargo, el propio SNAI ha reportado el incremento de más jóvenes en los CAI, con respecto al inicio del año, sumando más de 60 internados.

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Además, datos del Portal de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura demuestran que las Unidades de Menores Infractores han recibido más procesos de delitos graves.

Por ejemplo, solo hasta julio de este año, se iniciaron 24 causas de terrorismo en estos juzgados, comparado con las cifras de cinco años (2018 al 2023) existieron 16 procesos por ese delito.

Además, en lo que va del 2024, se han afrontado 36 procesos contra adolescentes por extorsión, mientras que el anterior año hubo 39. En 2022 se registraron 17 de estas causas.

A mayor vinculación criminal, más víctimas de asesinatos

Henry Herrera, jefe de la Policía Judicial en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) describió que el crecimiento de detenciones de menores ha coincidido con las muertes violentas en las que son víctimas adolescentes.

"Si se involucran, tienen repercusión en las muertes", comentó. En el rango de 12 a 19 años, los asesinatos han incrementado casi al doble, entre enero y julio del 2022 y 2024, como lo señalan las cifras del Ministerio del Interior.

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Aunque a escala general, 2024 tiene 740 menos muertes violentas que el mismo periodo en 2023, es decir, más jóvenes han sido asesinados este 2024.

El objetivo del sistema de medidas socioeducativas es rescatar a los jóvenes del mundo criminal y reinsertarlos en la sociedad; sin embargo, recientes casos han motivado a la ciudadanía a pedir una reforma judicial para juzgar a ciertos infractores como adultos por la gravedad de sus delitos.