La Ley energética cumple a medias el objetivo de impulsar la generación privada
La nueva ley energética, que entró en vigencia el 28 de octubre de 2024, ofrece ciertas facilidades para la generación privada, pero aún establece un techo que limita su aplicación.
Se trata de una iniciativa del gobierno de Daniel Noboa que, tras un trámite legislativo que implicó modificaciones, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, con 120 votos.
Sin embargo, durante el segundo debate, los legisladores no perdieron la oportunidad de cuestionar la iniciativa. Algunos manifestaron que su voto a favor era para que el Gobierno no tuviera pretextos para atender la crisis, conscientes de que no será una solución inmediata.
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Tomando en cuenta la necesidad del sector privado, de independizarse del suministro de energía eléctrica nacional para evitar que crisis como la actual evite su operación, ¿qué tan favorable resulta la nueva iniciativa para las industrias? Aquí están cinco claves para entender la ley:
1. Ampliación de la generación privada de 10 a 100 MW
Con la nueva ley energética, el sector privado tiene la posibilidad de generar hasta 100 megavatios (MW) de energía renovable no convencional y 100 para energía de transición, en ambos casos cuando sean iniciativas que no están contempladas en el Plan Maestro de Electricidad (PME).
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Además, la nueva ley plantea priorizar proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energía renovable no convencional, con capacidad de almacenamiento, inclusión de redes de interconexión a la red eléctrica, y que se encuentren en la zona de frontera.
La inversión se realizará siempre que exista una autorización del Ministerio de Energía y Minas, a cargo de verificar la capacidad técnica, económica y jurídica. Sin embargo, el dinero que se utilice será bajo el riesgo de los empresarios.
Los proyectos, que inicialmente fueron concebidos para producir 10 MW, pueden pedir una revisión de los permisos y ampliar la propuesta.
Esta parte de la ley ha sido bien recibida por la mayoría de frentes. El economista Alberto Acosta Burneo dice que es una medida positiva porque permite suplir la generación que el Estado no garantiza. Sin embargo, cree que lo idóneo era quitar el techo de generación, lo que no era bien recibido por ninguna bancada por considerar que es una forma de privatizar un servicio básico.
Jorge Carrión, Director de la Maestría en Electricidad de la Universidad Nacional de Loja, cree que además es clave que con las reformas, los proyectos entrarán en vigencia en menor tiempo, sin los trámites burocráticos.
2. Prelación de pagos a generadores de electricidad
El sector privado temía invertir por falta de garantía de pago de la electricidad que entreguen a las empresas públicas distribuidoras.
En la ley se planteó inicialmente respaldos de garantías emitidas por el Estado, mediante deuda pública. Sin embargo, para el segundo debate se incluyó un artículo en el que se establece que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, determinará el orden de prelación.
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Para lograrlo, las empresas de distribución podrán constituir un fideocimiso con el aporte de la recaudación del usuario final que incluya el servicio público de energía eléctrica y el alumbrado público.
Acosta explica que la iniciativa da cierta seguridad a los inversionistas porque el problema del sector eléctrico es que las empresas distribuidoras compran energía cara para venderla barata, lo que hace que se desfinancien y pone en riesgo que utilicen los fondos de las empresas privadas.
El experto energético Fernando Salinas explica que la clave es establecer las tarifas transparentes para evitar descapitalizar a las empresas públicas.
3. La importación de gas natural, el nudo crítico
La ley establece que las empresas dedicadas a la generación térmica deben presentar planes de transición a tecnologías de menor impacto industrial, como el uso de gas natural en lugar de combustibles fósiles.
Además, las empresas pueden importar gas natural para autoconsumo de procesos productivos, así como para sustituir el uso de hidrocarburos.
El economista Alberto Acosta explica que es inviable que las empresas puedan invertir en infraestructura para el almacenamiento y transporte. Cree que solo ciertas industrias podrían adaptarse a los cambios, por ejemplo, de cementos, o aquellas que estén cerca de los puertos.