Jueces lamentan generalizaciones por corrupción y denuncian precariedad y falta de seguridad en su labor

En los últimos meses, la función judicial ha sido objeto de escrutinio debido a los escándalos de corrupción en los casos Purga y Metástasis que, entre otros, han implicado a jueces y fiscales. Esta crisis de credibilidad no solo cuestiona las decisiones de los magistrados, también ha golpeado la integridad y la imagen en su conjunto.

Sin embargo, como ocurre en todo, existen dos caras de una misma moneda. La otra son las condiciones y el riesgo que implica ser juez en Ecuador.

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Muchos de ellos afirman, y los casos de violencia contra magistrados los respaldan, que no disponen de las garantías de seguridad necesarias para ejercer su labor. Además, ​​​​han expresado preocupación por la reducción del presupuesto judicial, llegando al punto de tener que cubrir los gastos de materiales con sus propios recursos.

"Necesitamos que el Estado nos proteja"

El día en que Yesenia Hidalgo, quien lleva 10 años ejerciendo como jueza de Garantías Penales y recientemente fue nombrada presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ), accedió a una entrevista con Ecuavisa, la oficina judicial de Durán amaneció con amenaza de bomba.

Este es el constante peligro al que se enfrentan los magistrados, dice. Por eso, ella como el resto de jueces penales del país se encuentran actualmente en teletrabajo, aunque cuestiona que esta medida no es suficiente.

Sobre todo, porque en los últimos años las amenazas contra jueces y fiscales no han sido meramente verbales, sino que se han materializado en tragedias reales.

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Hidalgo recuerda a su compañero de universidad, el fiscal César Suarez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero de 2024, él estaba a cargo del caso del ataque armado en TC Televisión: "Un joven con muchos sueños y aspiraciones que fueron truncados por la falta de seguridad por parte del Estado". Asimismo, menciona al fiscal Leonardo Palacios, otro compañero, quien fue asesinado en junio de 2023 al salir de la unidad judicial de Durán.

La presidenta de AEMJ ​​​​​​señala que para los demás funcionarios que deben acudir a las unidades judiciales, la protección policial o militar en los exteriores son mínimas.

Ella asegura que se han enviado solicitudes al Ministerio del Interior, sin embargo, la falta de atención persiste: "Necesitamos que el Estado nos proteja", exige Hidalgo, lamentando que, en medio del conflicto armado interno, el Ejecutivo ha priorizado únicamente la protección de la Policía y las Fuerzas Armadas, "nosotros también somos parte del sistema que combate el crimen organizado. Podemos tener policías y militares en las calles, pero sin jueces ¿quién juzga?".

A ese llamado se suma Estela Briones (nombre protegido), jueza de una provincia costera que, por razones de seguridad, ha solicitado mantener su identidad en reserva. En la unidad judicial donde labora, a pesar del riesgo en la zona, solo hay dos policías.

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Sobre las solicitudes de resguardo, también afirma que el ministerio indica que no hay personal suficiente para atender las necesidades que se requieren.

Así las cosas, en términos de seguridad, pero Hidalgo señala que también hay precariedad en la infraestructura de las unidades judiciales, así como un déficit de personal y de presupuesto que se arrastra desde hace tiempo. La preocupación se ha incrementado este año, el nuevo presupuesto asignado para la Función Judicial enfrentaría una reducción de USD 13 millones.

"A veces nosotros tenemos que comprar hojas de nuestro bolsillo, encima, de la inseguridad no tenemos los implementos para trabajar", denuncia la presidenta de AEMJ.

Ambas juezas exponen la fuerte carga laboral en los juzgados. En algunos despachos, se enfrentan a hasta 1 500 casos, y en estas circunstancias, "a menudo solo contamos con la ayuda de un asistente, y a veces, ni siquiera eso", dice Hidalgo.

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Bajo este contexto y las recientes críticas a la función judicial, las magistradas lamentan que los casos de presunta corrupción empañen la imagen de la institución o se generalicen a todos los funcionarios.

Estela, quien tiene más de una década de experiencia en el ejercicio judicial, reprocha que debido a "errores o delitos" cometidos por otras personas dentro del ente judicial, se generalice "eso afecta anímicamente".

Con ello concuerda la presidenta de AEMJ:

"Se está generalizando y está causando daño a la institución (...) Es lamentable escuchar mencionar a personas 'en el Guayas todo está podrido'. ¿Cómo puede sentirse el administrador de justicia que trabaja más de 12 horas?"

Entonces, sin seguridad y con una reducción del presupuesto ¿cómo se puede garantizar la administración de justicia?, cuestionan las magistradas.