La investigación sobre el caso Isspol toma otra dirección: ¿hay dudas de la intención del Estado por recuperar el dinero?
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) todavía no logra recuperar el dinero que fue desfalcado en operaciones fraudulentas efectuadas entre 2014 y 2019, en perjuicio de los afiliados, por más de USD 900 millones. Sin embargo, la Contraloría determinó que hubo irregularidades en el pago a los abogados encargados de la defensa a la institución.
En un boletín de prensa, difundido ayer, 9 de enero de 2025, la entidad de control informó que hubo un perjuicio económico de USD 8.9 millones por la contratación de asesoría legal y patrocinio.
Este pronunciamiento provocó reacciones de diversos actores que participaron en las denuncias contra el desfalco y que ahora son glosados. Critican el informe de Contraloría que apunta a los defensores, mientras que no hubo acciones para prevenir la corrupción a tiempo.
¿Qué pasó con el caso y qué implica el informe de contraloría?
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El informe de Contraloría apunta a que el contratista no entregó los productos establecidos
Según la Contraloría, el Isspol contrató a la firma de abogados Gonzalo Córdova y Asociados para la defensa entre el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2024, con honorarios de USD 8,9 millones, pero no se presentó la documentación que respalde el dinero recuperado por la firma ante la Superintendencia de Compañías, el Banco Central y Procuraduría General del Estado.
La entidad observó que se dio un anticipo sin verificar los movimientos económicos del devengamiento en la ejecución. Así como que el proveedor no cumplía con la experiencia requerida en los pliegos y que alguno de los productos recibidos no se hicieron bajo la metodología aprobada.
El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2024, concluye que el Isspol no contó con el expediente electrónico original de las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago, sino que se remitió un expediente físico en el que se incluyó los documentos impresos, pero suscritos de forma electrónica.
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Exfuncionarios cuestionan informe de Contraloría
La observación de Contraloría corresponde a un proceso que ocurrió durante la administración del coronel Renato González, exdirector del Isspol. Ecuavisa.com lo contactó para tener una respuesta, pero informó que está prohibido a dar declaraciones.
Sin embargo, en la red social X, respondió a la Contraloría: "La institución que estuvo silente mientras se robaban 950 millones, hoy a quienes recuperamos 368 millones, glosa con 8.9 millones, no por robar, sino por pagar a los abogados".
Además, añade: "Primero deberían pedir disculpas públicas por su impresentable acción del 2013 al 2020".
Horas después, González señaló que recibió la notificación del inicio del quinto examen especial, por parte de la Contraloría
El exministro del Interior, Patricio Carrillo, también se pronunció en su cuenta de X. Dijo que la investigación "no va en la misma dirección que las pruebas existentes".
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"Persiguen a quienes lo han enfrentado y protegen a los corruptos y atracadores de $950 millones", escribió Carrillo. También apunta a Jorge Chérrez, exasesor financiero del Isspol, prófugo de la Justicia y mentor del desfalco. "El mago Chérrez y otras estantiguas con poder, han evitado un proceso transparente. Varios mandos policiales callaron, otros denunciamos", afirmó el General en servicio pasivo.
Preocupación entre integrantes de la Asociación de Generales de la Policía Nacional
En una carta suscrita por Alfonso Camacho, presidente de la Asociación de Generales, expresa la preocupación de los asociados sobre el caso Isspol, dirigida al Comandante General de la Policía.
Según el General, el director general del Isspol, Juan Javier Silva, hizo los trámites administrativos para viajar a Guatemala y asistir a una audiencia judicial para recuperar más de USD 35 millones de la seguridad social de la Policía.
Sin embargo, conforme lo relatado por Camacho, el delegado de la ministra del Interior en el Consejo Directivo del Isspol, Lyonel Calderón, intentó impedir el viaje.
El presidente de la asociación pide explicaciones de la razón por la que se intentó evitar la presencia de Silva en la audiencia, además de que le muestra su respaldo, ante rumores de que se buscará la remoción de su cargo.
El Ministerio del Interior emitió un comuniacdo mostrando su "compromiso en la recuperación del dinero con el que se ha perjudicado a los servidores policiales activos y pasivos y sus familias".
Informan que se insistirá en la extradición de Chérrez.