Estas son las claves para que el diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena no fracase

Este 7 de julio se definirá la propuesta de metodología de trabajo
La paralización culminó el pasado jueves 30 de junio de 2022 tras la firma del acuerdo de paz.()
07 jul 2022 , 06:00
Gisella Rojas

El paro llegó a su fin, pero las soluciones de raíz para apagar el malestar social aún no están definidas. Por ahora, quedan 90 días por delante para continuar con las mesas de diálogo entre el Gobierno y los delegados de la Conaie. De hecho, hoy jueves 7 de julio del 2022, se definirá la propuesta de metodología de trabajo y su hoja de ruta.

Pero ¿cuáles son las claves para que el proceso no fracase? Analistas consultados en la materia explican que dependerá de las voluntades tanto por parte del Gobierno como de la Conaie. Además, sugieren la presencia de otros actores para que se consoliden los acuerdos.

Claves para la mesa de diálogo

El acuerdo de paz que fue alcanzo el pasado 30 junio busca a través de las mesas de diálogo dar seguimiento a las decisiones tomadas y discutir los puntos que no fueron abordados. Para Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE, existen aspectos claves para que este diálogo no fracase, el principal es que sea una negociación que parta de los principios técnicos.

En ese sentido, plantea que el diálogo no sea público "porque genera presión para quienes están negociando y eso complica poder llegar a acuerdos", sostiene.

Asimismo, desde la perspectiva de Ingrid Ríos, politóloga y docente de la Universidad Casa Grande, el presidente Guillermo Lasso debería ser parte activa del diálogo, es decir, "estar físicamente, pues su presencia es significativa". Además, cree necesario la presencia de otros actores como los ministros que están ligados a las necesidades de atención planteadas por la Conaie, como el ministro de Agricultura, Seguridad, Economía, entre otros.

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Otro punto que resalta Moscoso es que el Gobierno debe sustentar sus decisiones en la mesa de diálogo con cifras en la mano, sobre todo en los puntos principales, que son la focalización de los combustibles y la condenación de deudas bancarias "exponer que este es el presupuesto del Estado y hasta aquí podemos ir; esto es lo que podemos gastar".

Sin embargo, ambos analistas coinciden en que todo dependerá de las voluntades de las partes "en continuar con el diálogo y mantenerlo de forma balanceada en las exigencias", resalta Ríos.

La Asamblea ¿debe tener un rol en el diálogo?

En declaraciones el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha hablado de una reconciliación social, y para que se concrete, sustenta Moscoso, debe ir de la mano de políticas públicas sociales.

Y, es ahí donde existe otro reto. El Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea, lo que para Moscoso pudiera suponer un bloqueo justamente para las nuevas iniciativas. De hecho, Lasso se mantuvo en el cargo gracias a los votos del Partido Social Cristiano (PSC) y algunos de la Izquierda Democrática (ID). Ambas bancadas no se unieron al pedido de destitución.

"Es necesario una política pública a largo plazo por la inequidad y desigualdad y la ausencia del Estado en muchas de las comunidades indígenas, la gente no se siente protegida y eso es lo que genera insatisfacción", Arturo Moscoso, analista político.

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En ese sentido, Moscoso sostiene que "convocar a los líderes de los principales partidos políticos en estas negociaciones pudiera ser interesante". El objetivo principal, a su juicio, es que los legisladores también estén cerca a las necesidades sociales.

La politóloga Ríos, en cambio, está en desacuerdo con involucrar a la mesa de diálogo a los legisladores, pues dice que hay intereses políticos de por medio que podrían complicar el diálogo.

Después de los 90 días ¿qué?

Desde la semana pasada el Gobierno comenzó a concretar los puntos principales del acuerdo, como: la reducción de 15 centavos de dólar los combustibles y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.

Hoy la mesa se instalará en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), y para Moscoso lo principal es que el acuerdo no sea una medida "parche", de lo contrario, según su lectura, en 90 días nuevas movilizaciones sociales se avecinarían.

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