En Ecuador, más de 2.000 operadores de justicia son investigados por la Judicatura
El Consejo de la Judicatura tiene entre sus funciones principales poner bajo la lupa a la Función Judicial, en ese sentido, ha abierto investigaciones en contra de 2.133 servidores de justicia en Ecuador.
La cifra parte de un total de 4.280 expedientes disciplinarios registrados durante el año pasado y en lo que va de 2022, de esos, el 50% de los procesos han sido resueltos y la otra mitad continúa en investigación.
Pero ¿qué dicen las cifras sobre la actuación de los servidores de justicia? ¿cuánto tiempo pueden durar las investigaciones?
LO QUE DICEN LOS NÚMEROS
El volumen de los datos para Germán Rodas coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, "demuestra que hay graves distorsiones y denota que la función judicial tiene conflictos éticos en el manejo de la cosa pública", dijo a Ecuavisa.com. Además, según su lectura, la cantidad registrada no refleja todos los casos que deberían estar, "los verdaderos responsables siguen libres".
Por su parte, la actual directora provincial de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, en una entrevista con este medio, reconoce que “el simple hecho de abrir expedientes a los jueces no debe ser nunca una buena noticia". Sin embargo, manifiesta que tener un control disciplinario es necesario, "no solamente por un tema de decir que estamos controlando, sino porque tenemos que precautelar el acceso a la justicia”.
JUECES DESTITUIDOS
Lo cierto es que existe un abanico de causas y razones por las que se abren estos procesos disciplinarios. De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial las infracciones pueden ser leves, graves o gravísimas, en esta última la sanción puede llegar a la destitución.
De hecho, según datos proporcionados a Ecuavisa.com solo en Guayas se han iniciado 291 sumarios disciplinarios en contra de jueces y fiscales. Mientras que 6 han sido destituidos entre el año pasado y en lo que va de 2022.
Coronel subraya que, de esos procesos hay que hacer muchas diferencias, “también hablamos de procesos de jueces que llegan media hora tarde por 30 hasta 40, 50 días seguidos”. De hecho, diariamente en la provincia se registran entre 60 a 80 denuncias en contra de funcionarios judiciales por atrasos no justificados, revela.
La solicitud de dinero, prestamos o bienes, la manipulación del sistema informático, o ejecutar de forma irregular el sorteo de causas, fueron las razones por las que se destituyeron a 4 jueces entre Chimborazo, Manabí, y Pichincha, según datos de Judicatura.
En ese sentido, Coronel agrega que, por causas más graves se reciben de 7 a 8 denuncias al día en la provincia.
PLAZOS Y PROCESOS
Bajo la visión de German Rodas, el problema "no está en el número de destituciones, está en el hecho de que hay muchos casos abiertos y pueden prolongarse los procesos".
Es que a nivel nacional aún existen más de 2.000 funcionarios bajo investigación. Según la norma, el Consejo de la Judicatura tiene hasta un año como plazo para resolver los procesos. En 2020, a consecuencia de la pandemia del covid-19, se suspendieron por varios meses, "por lo que este año se extendió la resolución de expedientes administrativos", justifica Judicatura en el pedido de información entregado a Ecuavisa.com.
Al contrario de Rodas, Coronel sostiene que, en su mayoría, los plazos se cumplen, “cuando se necesitan peritaje o pruebas de otras instituciones puede demorar el proceso”.
RETOS EN LA ESTRUCTURA
No es nuevo decir que la credibilidad en la justicia más de una vez ha estado empañada. Coronel lo reconoce: “la justicia no ha sido bien presentada, no es un poder del estado que haya generado seguridad y confianza en los últimos 20 o 25 años”.
Para subsanar la estructura judicial de raíz, tanto Coronel como Rodas coinciden en que es necesario transparencia y la mejora de las condiciones laborares de los funcionarios judiciales y; garantizar, así, un trabajo independiente.
Bajo este panorama empieza la postulación para el Concurso público de méritos y oposición de jueces para juzgamiento de corrupción y crimen organizado, el periodo estará vigente desde este sábado hasta el viernes 11 de abril de 2022.
El proceso para Rodas "debe ser serio", además, sostiene que "es indispensable que existan evaluaciones constantes sobre la acción de los jueces, pero no solo para los funcionarios de tercer orden", pues los responsables principales, recalca, suelen estar en otras esferas.