El libre porte de armas para combatir la delincuencia ¿riesgo o solución?
Una vieja idea para combatir otro antiguo mal. Hacer frente a la ola de delincuencia que se vive en la urbe es lo que en estos días ocupa la agenda de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ¿la salida? el libre uso de armas, propuso.
Así, lo reafirmó durante la ceremonia por los 201 años de la Independencia de Guayaquil, en el acto, Viteri entregó el proyecto de reforma al presidente Guillermo Lasso.
Pero no se trata de una propuesta inédita. De hecho, en 2020 Lasso también propuso el uso de armas para combatir la delincuencia. En ese entonces, su aliado Jaime Nebot, respaldó la idea, al igual que el asambleísta Esteban Torres, quien presentó ante la Asamblea una reforma a la Ley.
Ahora vuelve a resucitar el álgido debate, tras el repunte de la delincuencia en la urbe. De hecho, según el último reporte estadístico publicado por la Fiscalía General del Estado, entre enero y agosto de 2021 los delitos por robos ya superan el 30% más con respecto al año pasado. Pero ¿se debe implementar o no? ¿son más seguros los países donde se pueden portar armas? Veamos.
Para Fernando Carrión, sociólogo y experto en seguridad, la iniciativa del cabildo no tiene fundamentos, "no hay ninguna justificación de un diagnóstico, un análisis, es muy preocupante porque esto conduce a una especie de armamentismo ciudadano".
Bajo la lógica planteada, Carrión señala otro punto: el costo de las armas, “¿cuántas personas tienen en Ecuador 800 o 900 dólares para comprar una?". En otras palabras, dice el experto "es una medida para que solo las élites puedan acceder a los mercados legales de armas y el resto quede en la indefensión”.
¿Riesgo o solución?
Además, entre los riesgos Carrión cita un estudio realizado por la Universidad de Harvard, que "sostiene que con el uso de las armas hay tres tipos de hechos que se producen: aumentan los suicidios, la violencia de género, el femicidio también se incrementa, y en tercer lugar, la violencia intrafamiliar crece”.
En la otra orilla de las opiniones, el asambleísta Torres expresó que en su proyecto respecto a la tenencia y el porte de armas propuesto en diciembre de 2020 "se establecen requisitos más estrictos que los de EEUU y Europa". En ese sentido, para minar los riesgos, el proyecto exige que la persona deberá tener un certificado psicológico y realizar un curso de capacitación de mínimo 40 horas entregado por las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o clubes de tiro autorizados.
Sin embargo, para Clara Paz, docente investigadora de la escuela de psicología clínica de la Universidad de las Américas, no se podría establecer los requisitos idóneos, “no creo que sea posible evaluar qué factores debe cumplir una persona para tener un arma porque no tenemos una investigación” .
En ese sentido, Paz expone que el porte de armas tiene más riesgos que beneficios "la sociedad se vuelve más violenta demuestran los estudios que se han hecho en Estados Unidos, un país donde se puede portar armas”. De hecho, en Ecuador según las cifras del Ministerio de Gobierno, hasta el 8 de septiembre de este año, el 59.36% de los homicidios intencionales han sido provocados con armas de fuego.
Asimismo, Paz reafirma el posible aumento de personas que atenten contra su propia vida, "hay evidencia de que portar armas aumenta las posibilidades de suicidio y que las personas que las portan tienen mayor posibilidad de usarlas para cometer suicidio en comparación con otros métodos”.
¿Qué pasa en otros países?
Hay tres países que tienen el derecho constitucional de mantener y portar armas, expone Carrión, México, Guatemala y Estados Unidos (Puerto Rico).
En el caso del país liderado por el presidente Joe Biden, el experto en seguridad señala que entre los efectos de la laxa normativa, “desde el año pasado las muertes por armas de fuego a mano de personas civiles produjo 39.000 personas fallecidas”. De acuerdo a Amnistía Internacional, en ese país, más de 360 personas reciben un disparo cada día.
Así, Carrión resalta que lo mismo sucede en otros países, las tasas de homicidios en México y Guatemala, tampoco demuestran ser casos de éxito.