Declaratoria de emergencia en cárceles: ¿qué implica y en qué se diferencia con un estado de excepción?
Tuvieron que pasar 27 días desde que el presidente Guillermo Lasso anunció la emergencia en el sistema carcelario del país para que funcionarios del Gobierno informen sobre las decisiones tomadas en el marco de una medida extraordinaria que incluso ha sido confundida con un estado de excepción.
Este miércoles 18 de agosto, en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet (Quito), la ministra de Gobierno, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la secretaria de Derechos Humanos aseguraron que el régimen ha destinado 75 millones de dólares para la "reestructuración del sistema de rehabilitación social" de Ecuador. Los fondos serán desembolsados a lo largo de cuatro años.
Fausto Cobo, director del SNAI, añadió que uno de los objetivos de su administración es reducir el hacinamiento en las cárceles y para "se iniciará de manera inmediata el trámite de beneficios penitenciarios".
Entre otros anuncios, se dijo también que se promoverá un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército y las Fuerzas Armadas para que, mediante el servicio militar voluntario, se seleccione a los nuevos agentes penitenciarios.
- "Los ciudadanos confundimos el estado de emergencia con un estado de excepción" -
Desde que el presidente Lasso manifestó, el 22 de julio pasado, que las cárceles estaban en emergencia, periodistas y varios sectores sociales esperaban un Decreto Ejecutivo en el que se explique qué comprendía esta resolución.
Lo cierto es que nunca hubo otro decreto, más allá del número 136 en el que se cesaba de funciones a Edmundo Moncayo y se designaba a Fausto Cobo como nuevo director del SNAI.
De acuerdo al abogado constitucionalista Emilio Suárez, declarar el estado de emergencia en el sistema carcelario fue una decisión totalmente legítima que sirve principalmente para acortar procedimientos de contratación pública.
Suárez indica que cualquier titular de una Cartera de Estado está en facultad de declarar en emergencia a su institución y que, incluso, esta decisión "no está sujeta a un control político por parte de la Asamblea Nacional"; aunque si se encuentran vicios de constitucionalidad, la declaratoria puede ser revisada por la Corte Constitucional (CC).
"Los ciudadanos confundimos el estado de emergencia con un estado de excepción", añade el jurista, quien además considera que si Lasso hubiese decretado un nuevo estado de excepción en las cárceles, lo más probable es que la CC no se lo hubiese aceptado.
"Los estados de excepción se dan por situaciones imprevistas. La crisis carcelaria debe ser solucionada por régimen ordinario", agrega.
- "La construcción de una nueva cárcel no me va a solucionar el problema como tal" -
Para la abogada en derechos humanos, María del Cisne Ojeda, una declaratoria de estado de emergencia es "adecuada" si se tiene claro qué medidas o procesos de contratación se van a tomar "en el cortísimo plazo".
"El estado de emergencia no está mal si se tiene claro qué se va a atacar, de lo contrario va a hacer lo mismo que los estados de excepción", asevera la especialista.
Ojeda coincide con el director Cobo en que la meta principal de esta reestructuración en el sistema carcelario debe ser reducir el hacinamiento. La abogada propone por ejemplo que se reduzca el uso de la prisón preventiva.
"A nivel internacional, las recomendaciones siempre son que la prision preventiva es la última medida que se debe tomar para el proceso de investigación, solamente cuando son delitos más complejos o más graves".
Asimismo, Ojeda está de acuerdo que se otorgue la prelibertad de los reos que ya han cumplido requisitos penitenciarios como: haber tenido buena conducta, haber cumplido el 60 % de la pena, tener una familia y haber aprobado una evaluación psicológica.
"La construcción de una nueva cárcel no me va a solucionar el problema como tal", añade la jurista.
La próxima semana se va a cumplir un mes desde que se declaró en emergencia al sistema carcelario, y apenas el jueves pasado hubo otra masacre en la cárcel de Quevedo, en donde murieron seis personas.