El MIES denunció fundaciones fantasma; existe poca regulación para vigilar contratos

Las fundaciones de carácter social están bajo la lupa. Esto, luego de que la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Zaida Rovira, pusiera una denuncia sobre 26 fundaciones supuestamente creadas para captar recursos del Estado.

De acuerdo a la ministra se asignó "a dedo en su momento" cerca de USD 4,5 millones por convenios de servicios para la atención a personas de grupos vulnerables.

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Rovira añadió que por estas fundaciones, con menos de un año desde su creación, requieren una investigación tanto de la administración anterior como de la actual:

"Estamos pidiendo a la Fiscalía que realice una investigación amplia a los funcionarios que tuvieron que ver con las administraciones anteriores y a los que están en esta administración".

Su antecesor fue Esteban Bernal, quien ocupó el cargo de titular del MIES durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según Rovira, el caso surgió debido a la eliminación de un acuerdo ministerial, pues hasta 2021, el MIES requería que estas organizaciones tuvieran al menos un año de constitución.

Sin embargo, la actual ministra explicó que el 20 de diciembre de 2022, este acuerdo fue eliminado y reemplazado por otro que no exige ningún tipo de experiencia ni tiempo mínimo de constitución, aseguró.

Este medio consultó con el exministro del MIES, Esteban Bernal, para entender por qué se eliminó este requerimiento y si hubo alertas durante su administración. Según él, la reforma "no eliminó la experiencia, sino la exigencia de tener personería jurídica durante un año".

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Es decir, aunque la fundación tenga el registro legal, no sería suficiente para calificar. "La experiencia es totalmente distinta y no está relacionada con el tiempo de existencia de la fundación". Esta se verifica revisando los perfiles profesionales, por ejemplo.

Falta de controles para vigilar cumplimiento de contratos

Rovira señaló que muchas de esas fundaciones nunca brindaron el servicio y detalló que "inflaron la cantidad de cobertura para recibir el dinero".

Pero, ¿cómo se controla que las fundaciones cumplan con los contratos? El exministro de la cartera de Estado respondió que en su periodo evidenció que el sistema de control era débil: "Cuando uno hacía las visitas, las verificaciones, no podía tener la certeza de que se atendía al número de personas por las que el Estado pagaba".

"Yo mismo denuncié que el sistema es perverso porque permite cooperantes públicos y privados son miles, ser reportaba mediante Excel o escritos a mano", recuerda Bernal.

Bernal explicó que una vía que encontró para solventar la problemática fue la implementación de un sistema automático llamado SARA (Sistema Automatizado de Registro de Asistencia)​​​​​​, que estuvo vigente más de un año y tuvo un 90% de eficiencia. El exfuncionario señala que el sistema "permitió que los cooperantes se obliguen a generar ese registro biométrico y georreferenciado".

"En una visita en un centro de Guayaquil debía atenderse a 36 niños, pero atendían a 16, ahí nació la necesidad de generar una tecnología nueva". Según Bernal, esta medida se implementaba para garantizar que las fundaciones beneficiarias efectivamente atendieran al número de personas especificado, evitando así pagos excesivos.

El exfuncionario asegura que la actual administración eliminó el sistema que él implementó; este medio consultó con esta administración y afirmaron que sigue activo. Ecuavisa.com, además, solicitó una entrevista con Rovira para profundizar en el tema, pero hasta la publicación de este reportaje no se pudo concretar la cita.

Fundación de Mayra Salazar puso alerta

No es la primera vez que las fundaciones están envueltas en polémicas. Mayra Salazar, hoy detenida por presunta delincuencia organizada, también fue dueña de la Fundación Renova.

El 6 de octubre de 2023, según los chats revelados por Fiscalía, ella describió las distintas actividades que realizaba, entre esas, con el MIES: "Articulamos para la cárcel de Guayaquil, niños judicializados en casas hogares junto a MIES y con mujeres víctimas de violencia".

Este medio también solicitó conocer la relación que tuvo esta fundación con la institución, pero tampoco hubo respuesta.

Ante la denuncia de Rovira y el caso de Mayra Salazar, Ricardo Ramírez, miembro de la Comisión Anticorrupción (CNA), destaca que "debería exigirse un perfil que garantice a una fundación en todos los sentidos. Pero en todo acto de corrupción hay dos actores: el que propone y el que acepta la coima".