Cinco años después del atentado en San Lorenzo, y el terrorismo crece en Ecuador

Este 27 de enero de 2023 se cumplieron cinco años del atentado con un coche bomba contra el cuartel policial del cantón San Lorenzo, en Esmeraldas. La explosión fue el primer ataque terrorista registrado en la historia del país. La detonación afectó vehículos, viviendas, no produjo víctimas, sin embargo, 20 personas resultaron heridas.

Pero no fue el único hecho que evidenció la violencia que se estaba concentrando en la frontera norte. El 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado en Mataje. Días después se conoció que Cristian Segarra, Ricardo Rivas y Galo Ortega fueron asesinados por disidentes de las FARC, en concreto, el Frente Oliver Sinisterra.

Ambos hechos mostraron el inicio de un repunte paulatino de violencia en la zona y lo que expertos en seguridad describen como una mutación de la delincuencia común al terrorismo.

Para Lorena Piedra, docente y experta en inteligencia y crimen organizado, lo que ocurrió en 2018 fue el resultado de no actuar ante las advertencias que se hicieron desde 1986-1987, pues en informes de inteligencia, dice, se exponía que la población estaba ligada a estructuras ilícitas "pedían presencia del Estado por lo complicado de la zona, desde la década de los 80 se tiene elementos de la dinámica social y que hechos como el de San Lorenzo podrían tener lugar".

En 2010 ya la situación mutó, expone, por ejemplo, empezaron las vacunas, y el reclutamiento de niños en las escuelas. Además, dice, que lo que pasó en San Lorenzo no solo se explica por la variable de la delincuencia organizada, sino también por la falta de trabajo y las condiciones económicas de la zona.

Otro factor que Piedra señala es la falta de capacidad preventiva de seguridad "se encontraba desmantelada", por lo que el hecho registrado en San Lorenzo puso en evidencia, resalta, la negligencia de las autoridades. "En Ecuador se consolida esta especie de policía política, lo que fue la Senain (Secretaría de Inteligencia), una instancia que estaba enfocada en seguir a la oposición", y que finalmente fue disuelta en 2018, por el expresidente Lenín Moreno.

Desde que se cruzó la línea entre la delincuencia común y el terrorismo urbano, resalta Mario Pazmiño, analista en seguridad, la violencia no dio marcha atrás. De hecho, tan solo un año después de la explosión en San Lorenzo, el 8 de octubre de 2019, otra detonación de artefacto explosivo afectó a una pared del cerramiento del cuartel policial.

"La sociedad ecuatoriana en menos de una década ha tenido un despertar de la violencia nunca antes registrado", expresa Pazmiño.

"Con el pasar de los años se fue agudizando", es que desde entonces, Esmeraldas pasó a ser la provincia con el mayor índice de violencia criminal, durante 2022 se registraron 511 muertes, mientras en lo que va de este año ya se han registrado 25.

Así, el crimen organizado en Ecuador continuó escalando; las protestas sociales también fueron más violentas, en 2022, se registraron ataques contra tanquetas militares, UPC incendiadas, pero luego se sumaron otros hechos como el uso de coches bombas, policías asesinados, y la lista podría continuar.

Sin embargo, la violencia marcó a Guayaquil el pasado 14 de agosto de 2022, cuando en el barrio Cristo del Consuelo, la detonación de una bomba elaborada con productos químicos dejó cinco personas muertas, ocho viviendas destruidas y más de 20 heridos.

Las autoridades atribuyeron el atentado a enfrentamientos entre estructuras narcodelictivas y una forma del crimen organizado para generar terror.

Durante el año pasado, en Santo Domingo de los Tsáchilas, también registraron dos explosiones de auto en gasolineras. Con estos eventos, hasta noviembre, fueron cinco las explosiones provocadas en la provincia en un periodo menor a 48 horas.

Es que el uso de explosivos se disparó en este periodo. Hasta noviembre de 2022, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, registraron 145 casos a nivel nacional, de esos, 72 ocurrieron entre Guayaquil, Samborondón y Durán. Es decir, 49.7% del total.

Ambos analistas coinciden en que poner más policías y militares en las calles no es la solución, y llaman acciones "parches" a las aplicadas por el presidente Guillermo Lasso como los estados de excepción y el toque de queda.

"La gran oportunidad que tiene el Gobierno es fortalecer el servicio de inteligencia que sea estructurada con profesionales y que tenga límites claros para que no se politice", entre otras pautas, que la Asamblea apruebe la Ley de Inteligencia.