Caso Gabela: la pérdida del tercer informe, ¿en qué delitos habrían incurrido los involucrados?
La semana pasada, luego de 13 años de espera, el tercer informe reconstruido por el perito argentino Roberto Meza fue revelado, como parte de la sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC), el pasado 9 de febrero, sobre el caso Gabela.
Pero, allí, no termina lo que dispuso la CC. Además, la sentencia dio un plazo de cinco meses para que la Fiscalía y la Contraloría entreguen los resultados sobre la investigación entorno a qué pasó con el tercer producto y quienes fueron los responsables de que se haya perdido. Ese plazo ya terminó.
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Sobre ello, vale preguntarse, ¿en qué delitos habrían incurrido los involucrados de perder o modificar el informe? Aquí los detalles.
Entregar el tercer informe, ¿una contradicción?
Antes de responder a la pregunta hay que regresar a revisar algunos hechos para tener clara la cronología. Fue el pasado 3 de octubre de 2012, cuando el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, dispuso la creación de un Comité Interinstitucional para investigar la muerte del general Jorge Gabela Bueno.
Este Comité estaba conformado por un representante o delegados de las siguientes instituciones:
Luego de la creación del comité, como acto seguido, el perito argentino Roberto Meza fue contratado para efectuar un análisis de los hechos, pruebas e información relacionada con el caso Gabela.
Entonces, el acuerdo estableció, según relata la sentencia de la CC, que debía entregar en principio dos informes respecto a las particularidades del caso, si en el segundo informe se concluía que el crimen fue producto de delincuencia común; entonces, el contrato culminaba con la segunda entrega.
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No obstante, si en el segundo informe se llegaba a la conclusión de que el móvil fue la delincuencia organizada, se debía elaborar un tercer informe con el análisis del móvil y los nombres de los presuntos responsables del crimen. Lo que finalmente se conoció la semana pasada, luego de 13 años del asesinato de Gabela.
Así la elaboración de tercer informe en sí mismo supondría una contradicción, ya que el Gobierno de ese entonces aseguró que la muerte del general fue por delincuencia común, con esa tesis, al contrario de lo que establecía el contrato, el tercer informe igual se ejecutó. El contenido que por la reserva del caso, solo podía ser conocido por los miembros del Comité y el presidente Rafael Correa.
Aquí la cronología de la entrega de los informes:
Luego de dos años, en 2015, cuando fue designada como ministra de Justicia, Ledy Zuñiga, hizo la entrega del informe 'oficial' sobre el asesinato del general Gabela. En una publicación de la época de diario El Telégrafo, recoge que Correa "reconoció la demora en la entrega del informe y la atribuyó a los cambios de ministros".
Así en una rueda de prensa, el 4 de febrero, Zuñiga informó las supuestas conclusiones del tercer informe que reafirmaba la tesis del gobierno sobre que el móvil del crimen respondía a delincuencia común. Resultados que el perito Meza negó haber identificado.
De hecho, en un examen especial realizado por Contraloría en 2016, indicaba que el perito Meza, detalló que el producto final se entregó en sobre cerrado a la administradora del contrato, es decir, Jessica Jaramillo, quien debía inmediatamente pasar al comité debido al carácter de reservado: "Todas las hojas fueron sumilladas y firmadas por este profesional como la de todos los productos anteriores".
"No están completos, no poseen firmas de autenticidad o sumillas y que no tienen consistencia", se establece en la sentencia de la CC sobre lo dicho por Patricia Ochoa de que nunca obtuvo el informe completo y que existen cuestionamientos sobre su veracidad.
En un segundo informe especial realizado por la institución en 2019, detalla que el tercer producto no se entregó de forma inmediata. El documento expone que las servidoras de la Dirección de Jurídica del Ministerio tuvieron por 24 días en su poder, "tiempo que transcurrió sin informar ni realizar gestión alguna para que el Comité Interinstitucional tenga conocimiento de la recepción y existencias de dicho documento".
¿En qué delitos habrían incurrido los involucrados?
Bajo este antecedente, el pasado 9 de febrero de 2023, la CC resolvió que la Contraloría y la Fiscalía debían realizar una investigación, en el marco de sus competencias, para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional.
Es que la Ley Orgánica de Transparencia e Información Pública (LOTAIP) determina sanciones civiles administrativas o penales para los funcionarios pública que "oculten, alteren, pierdan o afecten la información pública".
Ecuavisa.com pudo conocer que la Contraloría ya emitió una respuesta a la CC, en donde sustentan, en otras palabras, que ya habían realizado el encargo, en dos exámenes especiales ejecutados en 2016 y 2019 (antes citados), donde se detallan las responsabilidades administrativas.
En el documento constan sanciones a siete personas, uno de ellos, es Lenín Lara quien fue sancionado administrativamente, pues en 2013 estuvo al frente de la cartera de justicia, y que hoy es candidato a la Asamblea por la provincia de Esmeraldas.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a este medio que abrió una investigación previa por peculado, el pasado 13 de marzo de 2023, un delito expuesto en el artículo 278 del COIP, el cual supone que servidores públicos que "abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados", serán sancionados con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
- Exámenes especiales realizados por Contraloría sobre el Caso Gabela, en 2016 y 2019 (Descargue aquí):