Alias Negro Tulio quería limpiar su imagen y ser empresario en Durán con contratos públicos

El cabecilla de los Chone Killers habría conversado con un funcionario municipal quien supuestamente le ofreció la posibilidad de convertirse en empresario. Ecuavisa.com accedió a chats que detallan la infiltración en las entidades públicas, tráfico de armas y droga.
Expediente fiscal por el caso de delincuencia organizada contra alias Negro Tulio, revela supuestas coordinaciones para el envío de droga, depósitos y nexos para meter gente en entidades municipales de Durán.()
20 nov 2024 , 06:30
Redacción

Los tentáculos de los Chone Killers se extendieron por al menos cuatro instituciones públicas en Durán: El Municipio, el Cuerpo de Bomberos, el Registro de la Propiedad y la Agencia de Tránsito de ese cantón del Guayas.

El 14 de agosto de 2024 salió a la luz pública la infiltración del crimen organizado tras la detención de 24 personas. Entre ellas, funcionarios públicos y uno de los cabecillas del grupo narcoterrorista, Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio.

Casi tres meses después, el 15 de noviembre, cuatro personas más fueron vinculadas al caso por delincuencia organizada que sigue la Fiscalía General del Estado. Entre ellas, Luis S., exsubgerente de la ATD.

Ecuavisa.com tuvo acceso al expediente, donde se revelan los círculos familiares en las instituciones para obtener contratos públicos. También cómo se coordinó el acopio y traslado de droga, tráfico de armas, entre otros delitos.

La red inicia con Benjamín Camacho, alias Ben 10, el jefe máximo de los Chone Killers. Supuestamente, su hermana laboraba en el Cuerpo de Bomberos de Durán como secretaria del jefe.

En cambio alias Negro Tulio tenía varios parientes contratados. Según la investigación, sus hermanos y una cuñada trabajan con los Bomberos. Otra de sus hermanas y un primo en cambio estaban dentro de la ATD.

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Otra de las procesadas es Erika V. P., quien era funcionaria del Registro de la Propiedad. En esa misma empresa municipal, supuestamente trabajaba el hijo de su conviviente. A eso se suman más vínculos.

Su tío habría estado en el cabildo. Mientras que hasta 2023, su pareja laboró en la ATD y cuando se hizo la investigación, las autoridades detectaron que la hija de él, una prima y una sobrina estaban también en la misma entidad.

Alias Washo, asesinado en mayo del 2023 en Guayaquil, también tenía familiares en algunas entidades. En el Cuerpo de Bomberos estaban sus dos hermanos y un sobrino. En el cabildo trabajaba su hermana y en la Agencia de Tránsito laboró otro sobrino hasta 2023 y supuestamente, otro hermano seguía trabajando en dicha dependencia.

Los bomberos Petter S. y Ángel M., que fueron detenidos en agosto, tenían también sus vínculos. Dos primos de Ángel M. estaban en la misma entidad. Mientras que su madre, su padre y dos tíos habrían ingresado al Municipio de Durán.

Geovanny J. era parte de los Bomberos. Tenía allí mismo a dos hermanos y un sobrino. En el Municipio estaba su otro hermano y una sobrina. Y en la ATD tenía a otra más.

El exsubgerente de la ATD, Luis S., era otro cuyo círculo familiar estaba inmiscuido en las empresas públicas. Su cuñada trabajaba en el mismo sitio. Mientras que su cuñado estaba en el Cuerpo de Bomberos.

Juliette P., era parte de la ATD. Allí, según el expediente, trabajó su esposo y al momento de la investigación, laboraba su primo.

Los nexos venían desde mucho antes. Por ejemplo, Carlos C., estuvo en el cabildo desde el 2010 al 2014. Luego, ingresó su hermana y su tío.

En el Registro de la Propiedad, estaba Cindy M. Su conviviente y su prima trabajaban en los Bomberos. Su hermano fue parte de esa entidad hasta 2022. Jim C. también era de los bomberos y su tía estaba en el Municipio del cantón ferroviario.

Los hermanos José Luis y Luis Felipe B. estaban en el cabildo también. Allí mismo estaba Iván Y., y su tío. Los investigadores, determinaron que la ocupación familiar de puestos habría sido una práctica de años en el Gobierno Autónomo Descentralizado.

Según constan en los documentos a los que Ecuavisa.com tuvo acceso, la red criminal de los Chone Killers, los vínculos supuestamente permitieron influir y beneficiar a ciertas personas en la adjudicación de contratos. Además habrían mantenido reuniones para ejercer un "dominio delincuencial en las instituciones".

Esto mediante delitos como tráfico de droga, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, concusión, tráfico de influencias. Así como tráfico de tierras, tenencia de armas, extorsión, sicariato y robos.

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Las supuestas conversaciones de alias Negro Tulio para que se convierta en empresario

Julio Martínez Alcívar fue capturado el 30 de mayo de 2024 en Panamá. En ese entonces, el jefe criminal había sido señalado por las autoridades como el supuesto autor intelectual de los asesinatos de los fiscales César Suárez y Leonardo Palacios.

Pero alias Negro Tulio habría intentado evitar su búsqueda o detención. En los expedientes del proceso, supuestamente conversó dos personas, una de ellas sería de la Policía. En dicho diálogo, presuntamente Negro Tulio buscaba evitar que se emita una notificación a la Interpol y así no ser localizado.

Sin embargo, no se precisa la fecha en que habría ocurrido el diálogo. El cabecilla también conversó con su coideario alias Ben 10. A él lo trataba de 'comandante' y presuntamente hablaron de unos disparos y de un secuestro.

La información consta en los celulares que se le decomisaron a alias Negro Tulio tras su detención en Panamá y posterior extradición a Ecuador. En los equipos habían más diálogos con los procesados y otras personas.

Por ejemplo, Julio Martínez habría estado hablando con un hombre, que presuntamente era concejal del cantón Durán. Con él, supuestamente conversó sobre cómo políticamente sacar al alcalde. Con ello, el edil podría tener la oportunidad de ocupar el cargo.

A cambio, habría prometido otorgarle contratos a alias Negro Tulio para que pueda "hacer plata legalmente y formar empresas". "No vas a necesitar estar haciendo cosas malas y vas a llevar tu plata legalmente (...) y ahí con el tiempo limpias tu récord", supuestamente fue el acuerdo con el jefe criminal.

Según el expediente, a cambio alias Negro Tulio tendría que "ayudar". Dicha ayuda consistiría en "cero muertes". Eso era lo que "estaba al alcance". "Tú sabes que nosotros tenemos el control total en Durán sobre las muertes que se han venido con esos LK (Latin Kings)", habría dicho Negro Tulio.

En otro documento, se detalla que la conversación presuntamente fue con el concejal que fue secuestrado y asesinado en septiembre del 2023. Los expedientes no especifican datos sobre el crimen ni los motivos.

Los traslados de droga en carros de los Bomberos, los depósitos y la infiltración en entidades del Municipio de Durán

Otra de las personas con gran influencia con las que habría conversado alias Negro Tulio fue el exsubgerente de la ATD, Luis S. Con él supuestamente hablaron de contratos, pues Negro Tulio quería que superen el USD 1 millón y apenas había conseguido por USD 189 000 para remodelar un parque. La empresa 'ganadora' era de su esposa Alexandra A.

Así mismo, el cabecilla de los Chone Killers se enviaba mensajes con miembros de la agrupación narcocriminal. Algunos de los diálogos eran en relación de transacciones bancarias que iban desde los USD 500 hasta los casi USD 30 000. Muchos de los depósitos se hicieron en agencias bancarias de un centro comercial del cantón.

Algunas de las transacciones económicas se trataron de envíos de dinero al exterior. Justamente a Panamá, donde se había instalado alias Negro Tulio con su cónyuge.

Alias Petter era supuestamente uno de los hombres de confianza de alias Negro Tulio. Con él, presuntamente habló sobre el supuesto traslado de droga en un vehículo del Cuerpo de Bomberos de Durán. Además se habrían usado algunos cuarteles como centros de acopio.

El grupo catalogado también como terrorista por el Gobierno, se encargaba del tráfico de armas y municiones. Las conversaciones detallan algunos de estos movimientos ilícitos, anotaciones de cantidades de dinero en libretas y las entregas que hacían.

Con la vinculación de Luis S., y tres personas más, la instrucción fiscal por delincuencia organizada se extendió por 30 días más. El proceso finalizaría a mediados de diciembre y debería iniciar la audiencia preparatoria de juicio contra los 28 procesados.

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