31 casos de la Fiscalía salpican a grupos políticos: desde el correísmo y el PSC hasta el lassismo
Desde 2016, casos judiciales han provocado remezón en organizaciones políticas de todo tipo. La mayoría de esas investigaciones han sido dirigidas por la fiscal Diana Salazar, quien asumió funciones en abril de 2019.
Son 31 que la misma Fiscalía General del Estado identifica como de connotación, es decir, aquellos relacionados con corrupción, peculado, asociación ilícita, delincuencia organizada, etc., que han provocado alarma en la ciudadanía por revelar la vinculación de grupos mafiosos en lo político y en lo público.
El correísmo ha resultado salpicado por 14 casos
Las figuras más representativas del correísmo han sido investigadas penalmente. En algunos ya se han conseguido sentencias y otros todavía están en etapa de investigación.
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El primer caso importante que salpicó a la cúpula de la Revolución Ciudadana fue Odebrecht. Si bien las denuncias se hicieron públicas en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de Norteamérica reveló que, entre el 2001 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos, en la región, para resultar favorecida en la adjudicación de contratos.
En agosto de 2017, la Fiscalía, dirigida por Carlos Baca Mancheno, decidió vincular al exvicepresidente Jorge Glas, y su tío, Ricardo Rivera, por asociación ilícita.
Para diciembre de ese año, la justicia encuentra culpable a Glas y lo sentencia a seis años de prisión. En 2019, en un recurso de casación, se declaró improcedentes los recursos del exvicepresidente, su tío y otros cuatro procesados, y quedó ratificada la sentencia.
Sin embargo, el exfuncionario logró conseguir la libertad antes de cumplir con lo dispuesto por el juez, vía medida cautelar emitida irregularmente.
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En este momento, Glas está resguardado en la Embajada de México en Quito, donde se resguardó cuando surgió la alerta de que podría ser vinculado al caso Reconstrucción de Manabí.
El caso que le da el estatus de prófugo a Rafael Correa es el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto en 2012. Según la Fisalía y la víctima, el expresidente habría ordenado que se cometa ese delito.
El 7 de noviembre de 2018, Correa es llamado a juicio, pero, al estar fuera del país, se suspende la etapa de juzgamiento, porque la norma establece que no puede avanzar un procedimiento penal si no está el acusado presente y el expresidente se encuentra domiciliado en Bélgica.
Sin embargo, el caso que más ha afectado a la Revolución Ciudadana, como organización política, es Sobornos 2012-2016. La hipótesis que la Fiscalía ha logrado sustentar es que contratistas del Estado pagaron a las cuentas de un movimiento político, que en ese momento era Alianza País, recursos que fueron utilizados para las campañas.
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Arrancó en mayo de 2019, con dos exministros del correísmo vinculados, además de una exasesora del presidente. En agosto de ese año, fue vinculado el expresidente Correa y el exvicepresidente Glas.
En abril de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a ocho años de prisión a Correa, Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Viviana Bonilla y Chistian Viteri.
En septiembre de ese año, la Corte declara improcedentes los recursos de casación presentados por 16 sentenciados, dejando en firme la decisión de culpabilidad.
Desde esa organización política, el discurso recurrente es que son víctimas de lawfare o persecución judicial. Sin embargo, continúan oponiéndose al trabajo de la fiscal Salazar, incluso cuando son casos nuevos en los que no han sido vinculados directamente los líderes del correísmo.
Los ejemplos son Purga y Metástasis. En este último fue vinculado el exasambleísta de la RC, Ronny Aleaga, por supuestamente operar políticamente, desde el Legisaltivo, en beneficio del narcotraficante Leandro Norero.
Rafael Correa no esperó ni siquiera a conocer el contenido de los chats revelados por Fiscalía, donde también hay menciones al movimiento político, para oponerse al caso que destapaba la corrupción.
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El PSC no ha tomado una resolución sobre Pablo Muentes
Cuando parecía que se había acabado el escándalo por Metástasis, la fiscal Diana Salazar ejecutó los allanamientos por el caso Purga. Fue ahí que el nombre del exasambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, ocupó los titulares y las tendencas a escala nacional.
La tesis que maneja la fiscal Diana Salazar es que existía una red de delincuencia organizada, integrada por jueces y funcionarios que compraban decisiones a conveniencia.
Muentes se habría beneficiado de un fallo judicial para obtener USD 4 millones por una acción de habeas data.
En ese caso, el Partido Social Cristiano (PSC) tardó en reaccionar y cuando lo hicieron, únicamente pidieron que las investigaciones avancen.
El presidente del partido, Alfredo Serrano, cree que lo ocurrido no afecta a la imagen del partido ni a la credibilidad, a puertas de las elecciones de 2025.
Guillermo Lasso tampoco se salva
El caso Encuentro no podía faltar. El expresidente Guillermo Lasso incluso tuvo que dejar el cargo por las presiones políticas que se manifestaron en la Asamblea Nacional.
Si bien Lasso no ha sido vinculado, está siendo investigado su cuñado, quien también fue financista de su campaña presidencial, Danilo Carrera. También su amigo cercano, Hernán Luque, quien dirigía el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
De acuerdo con la teoría del caso, Luque y Carrera supuestamente pertenecían a una organización criminal que ofrecían beneficios, haciendo valer su posición cercana con instituciones públicas, principalmente empresas.
Carrera guarda arresto domiciliario y Luque está demorando su extradición desde Argentina.
El expresidente Lasso también fue llamado a rendir versión, de manera libre y voluntaria, por el caso Metástasis, la cita es para las 11:00 del lunes, 18 de marzo. La razón está en que detalle el trabajo de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, creada en su gobierno.
Lasso emitió un documento indicando que no ha sido notificado, hasta la tarde del 17 de marzo, y que está presto a colaborar, aclarando que se encuentra fuera del país.