Dos sentencias del TCE aclaran las reglas de juego para las próximas elecciones

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sentado jurisprudencia en el uso que se haga de las redes sociales para las próximas elecciones y ha dejado dos antecedentes respecto al apoyo de partidos políticos a candidatos a consejeros del Cpccs y los ofrecimientos que hacen los funcionarios para incentivar el voto por determinado candidato.

Esto surge tras dos sentencias del Pleno del TCE: una en contra de Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, y otra en contra de Pabel Muñoz, alcalde de Quito.

El pasado 8 de mayo de 2024, en segunda instancia, el Pleno sancionó a Vera con la pérdida de sus derechos políticos por haber recibido el respaldo de un partido político, en este caso el correísmo, para llegar al Cpccs, cuando la normativa lo prohíbe. Las pruebas usadas vinieron de redes sociales. En este sentido, la sentencia concluye que las publicaciones en redes sociales pueden ser consideradas como publicidad electoral y se dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) su control.

“Las publicaciones realizadas por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral, debe ser considerada publicidad electoral; y como tal, está sujeta a control por parte de los órganos de la Función Electoral, dentro del ámbito de sus competencias. Esta información, contenida en medios audiovisuales o impresos debe ser valorada por la autoridad jurisdiccional, en su conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica y generando una argumentación consistente entre los distintos elementos probatorios puestos en su conocimiento, sin perjuicio de que se cuente o no, con informes periciales, que asistan técnicamente al administrador de justicia, sin que su criterio condicione la decisión del juez”.

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El control a las redes sociales

Bernardo Jijón, abogado, activista político y uno de los impulsores de la denuncia contra Alembert Vera, explica que ya había precedentes en los que se utilizaron las redes sociales como medio de prueba para sancionar una infracción electoral. Se refiere al caso de la excandidata a la Alcaldía de Quito, Jéssica Jaramillo, quien denunció por violencia política de género al también excandidato para la Alcaldía, Alejandro Rodas, por un trino en X en el que denostaba a Jaramillo por sus características físicas.

"Contra Alembert Vera presentamos pruebas en su gran mayoría sacadas de medios digitales, es decir Facebook, YouTube, Twitter, etc. Ellos, claro, al ser algo tan grosero, tan evidente, solo argumentaban que las redes sociales no son objeto de control y finalmente el Tribunal acaba de interpretar esto. Acaba de decir que los medios digitales sí son objeto de control de acuerdo a la sana crítica", comenta Jijón.

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Él recuerda que Diana Atamaint, presidenta del CNE, argumentaba que no se podía controlar las redes sociales por un pronunciamiento de la Corte Constitucional. No obstante, Bernardo Jijón analiza que ese pronunciamiento, que se dio en el 2013, estaba enmarcado en un contexto en el que las redes sociales eran incipientes, cosa a la actualidad ha cambiado totalmente. "El problema aquí es que las redes sociales han evolucionado y ahora las redes sociales son algo totalmente necesario en una campaña política. Entonces, por supuesto que tiene que ir cambiando la norma", señala.

Esteban Ron, abogado experto en material electoral, da ideas de cómo se puede controlar las redes sociales de por lo menos las organizaciones políticas y los candidatos. Es decir, al momento en que estén inscritos presentan sus cuentas oficiales de redes y así el CNE puede monitorear que no se haga precampaña o se rompa el silencio electoral. "Hay otros ejemplos como en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Alemania, etc., a través de sistemas de alertas tempranas o firmas simbólicas de compromisos con las directivas de organizaciones políticas e inclusive infracciones en materia penal", comentó en su cuenta de X.

Desde el CNE ya comentaron que van a trabajar en cómo acatar lo dispuesto por el TCE, pero para las elecciones seccionales de 2027.

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El precedente del caso Alembert Vera

La sentencia contra el expresidente del Cpccs, Alembert Vera, deja el precedente para que si un candidato al Consejo de Participación Ciudadana está cobijado por un partido político, este pueda ser denunciado por infracción electoral y perder su puesto y derechos políticos, además de una multa económica.

El caso de Vera ha dado hilo para que consejeros como Augusto Verduga y Yadira Saltos, integrantes de la autodenominada Liga Azul, sean denunciados por la misma causal.

"Ya existía la norma de que no podían estar auspiciados por partidos políticos ni a favor ni en contra. Ya existía el reglamento, lo que se agarraban en este proceso es que las redes sociales no constituían base de prueba", recuerda Jijón.

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El precedente del caso Pabel Muñoz

El pasado 24 de abril de 2024, el Pleno del TCE resolvió que Pabel Muñoz cometió infracción electoral grave por haber usado su calidad de Alcalde para incentivar el voto a favor de Luisa González.

Al respecto, Jijón sostiene que en las próximas elecciones los candidatos y quienes ya están puestos de poder tienen que cuidarse de la "demagogia". Sostiene que la infracción está en hacer ofrecimientos en calidad de funcionario para incentivar el voto por determinado político. Con la jurisprudencia del TCE, cualquier persona ahora puede denunciar en esa entidad una denuncia por infracción electoral teniendo como prueba una publicación en redes sociales, sin necesidad, salvo excepciones, de un peritaje.

"Tienen que cuidarse de la demagogia, de lo que prometen. Si son del mismo partido es obvio que se van a apoyar, el tema es que no incurran en temas demagógicos, es lo que está matando este país", sentencia.

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