121 reclusos fallecidos este año en Ecuador: ¿qué ha hecho el Estado?

Los amotinamientos ya no causan sorpresa en Ecuador. La crisis sobre la situación penitenciaria se ha agudizado sobre todo en el último año. Sin embargo, lo que empeora el panorama son las muertes que han dejado estos enfrentamientos. Desde enero de 2021 hasta la fecha, se ha registrado la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿quiénes son los responsables de estas muertes? ¿se ha encontrado a los culpables?

Para Fernando Bastias miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), las personas que ingresan a Centros de Privación de la Libertad se encuentran bajo la tutela del Estado, "en ese sentido, está en la obligación de garantizar los derechos a la salud, integridad física, emocional de cada uno de los PPL".

De acuerdo a los datos presentados en la comparecencia del fiscal subrogante, Wilson Toainga en la Asamblea Nacional, 117 reos han muerto desde el 23 de febrero. La Fiscalía General del Estado mediante la resolución número 018-FGE-2021 conformó un equipo especializado de fiscales para que tramiten las investigaciones abiertas por los hechos suscitados en los Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, Guayaquil y Latacunga.

Este medio solicitó información sobre el avance de las investigaciones, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Así, los hechos ocurridos en febrero y julio para Bastias retratan la falta de políticas públicas, por ello, desde las organizaciones de derechos humanos han presentado una acción de protección, y agrega que "el principal problema es que el Estado asume una posición securitista y punitivista para solucionar la situación".

Sybel Martínez, especialista en Derechos Humanos y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, explica que sobre los derechos de las personas privadas de libertad, "el artículo 35 de la Constitución determina que son un grupo de atención prioritaria (...) son personas que tienen derecho a una rehabilitación social efectiva".

Ante los decesos, dice, que el organismo técnico de rehabilitación social debe pronunciarse y responsabilizarse sobre la vida de las personas fallecidas, "a través del proceso legal se debe llegar a la justicia y reparación de los familiares, y sobre esa base cómo va a responder el Estado".

En ese sentido, ante la masacre carcelaria ocurrida en febrero, dice "no hay razón para esperar y encauzar los procesos penales, ya deberíamos tener respuestas por parte de la Fiscalía, pero no ha habido un pronunciamiento", resalta. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, explicó a este medio que la competencia recae únicamente sobre Fiscalía, su intervención, dice, solo se habilita si existiera una vulneración del debido proceso, además, añade que la investigación previa puede durar hasta dos años.

Pedido internacional

Así la crisis en las penitenciarías ecuatorianas han ganado también atención internacional. Este lunes mediante un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó que los Estados tienen la obligación de investigar "de oficio y con la debida diligencia". Todos los hechos de violencia registrados en los centros de detención y en particular la muerte "de personas que se encuentran bajo su custodia", en busca no solo de los responsables materiales sino de los posibles autores intelectuales y de aquellas autoridades "que por acción u omisión pudieran ser responsables".

De hecho, el pasado 22 de agosto, el último crimen ocurrió en la cárcel Regional de Guayaquil, un preso falleció "producto del enfrentamiento entre bandas internas", según lo dio a conocer la Policía Nacional a través de un comunicado.

Las medidas

Frente a la crisis, el mandatario Guillermo Lasso, tomó algunas medidas entre las que se destacan la declaración de emergencia al sistema carcelario, remover a Edmundo Moncayo de su puesto, y reemplazado por Fausto Cobo. Asimismo, restablecer un control militar en el exterior de las cárceles y fortalecer el control policial.

Sin embargo, previamente, durante el gobierno de Lenín Moreno existieron dos declaratorias de estado de excepción en los centros de rehabilitación social, el primero emitido en mayo de 2019 y el segundo en agosto de 2020.

El Gobierno decidió destinar 75 millones de dólares para la reestructuración del sistema carcelario invertidos en cuatro años.