La apelación del caso de Daniel Sancho se aplaza tras un nuevo giro en el caso
El futuro de Daniel Sancho, el chef español encarcelado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, sigue siendo incierto, tras una nueva prórroga en la presentación del recurso de apelación. Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano, deberá esperar hasta el 29 de diciembre para que se presente oficialmente este recurso, que podría modificar su sentencia.
El equipo de defensa, liderado por el penalista Marcos García-Montes, sigue trabajando en el caso, tras haber solicitado una prórroga adicional, que es la tercera desde la lectura del fallo.
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La defensa de Sancho busca reducir su condena, argumentando que la muerte de Arrieta fue producto de una pelea en la que actuó en defensa propia. La sentencia original consideró que Sancho planeó y ejecutó el asesinato de manera premeditada, tras una serie de pruebas, como la compra de cuchillos y otros objetos que indicaban su intención de matar.
La acusación también mencionó una posible relación homosexual entre ambos hombres, que Sancho habría querido terminar, lo que, según el juez, pudo haber motivado el crimen.
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Aunque la sentencia no pudo precisar la causa exacta de la muerte debido a la falta de partes del cadáver, los detalles del caso apuntan a una brutalidad premeditada. Sancho fue condenado por golpear a Arrieta con la intención de matarlo, y luego descuartizar su cuerpo y dispersar los restos en la isla de Koh Phangan, donde ocurrió el crimen.
Sin embargo, la defensa sigue luchando por obtener una reducción de la pena, argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no justifican la condena por asesinato.
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Con la nueva fecha de apelación fijada para finales de diciembre, Sancho y su equipo legal esperan que el tribunal de apelación regional, y si es necesario, el Tribunal Supremo de Tailandia, revisen el caso y consideren una posible reducción de la pena.
Si la apelación tiene éxito, Sancho podría enfrentarse a una condena menor, de hasta ocho años, lo que abriría la posibilidad de repatriación a España en un futuro cercano.
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