Shakira y Gerard Piqué cara a cara: Se encuentran para firmar el acuerdo legal sobre sus hijos

Shakira y su expareja Gerard Piqué se conviertieron en tendencia tras haber firmado este jueves el acuerdo que le permitirá a la artista mudarse a Miami junto a sus hijos Sasha y Milan. La escena se dio en un juzgado de Barcelona.

El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación, anunciada esta primavera.

Shakira y Piqué llegaron hoy por separado al juzgado y acompañados de los respectivos letrados.

Tras rubricar el acuerdo, el letrado de Gerard Piqué, Ramon Tamborero, explicó a la prensa que "los dos están más tranquilos, más relajados", y han pensado "en el bien de sus hijos".

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El trámite de la firma transcurrió de forma "correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio", destacó Tamborero.

El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas.

Por su parte, ni la letrada de Shakira ni la propia cantante quisieron atender a la prensa.

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Hace unas semanas, Shakira y Piqué explicaron en un comunicado que habían firmado "un acuerdo que garantiza el bienestar" de sus hijos y que estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado "como parte de un trámite meramente formal".

Fuentes del entorno de la cantante explicaron entonces a EFE que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados.

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La artista tiene ya desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.

Más allá de la cuestión de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública.

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La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros (cerca de 24 millones de dólares).