La tutela por una película ecuatoriana transmitida en televisión sin autorización sigue pendiente

En diciembre de 2020, se fragmentaron y transmitieron en dos episodios parte de una película ecuatoriana sin contar con los derechos de autor legítimos. El caso es el de la cinta, difundida en uno de los canales incautados y administrados por el Estado.

Se trata de “Muerte en Berruecos”, una producción en la que participaron países como Ecuador, Panamá, Venezuela y hasta Estados Unidos, que se estrenó en diciembre de 2019.

Luis Gerónimo Abreu, actor venezolano, protagoniza una historia que responde a la interrogante de ¿Quién mató a Sucre? El asesinato del Mariscal de Ayacucho es explorado desde los ojos del mayor Alejandro Godoy, quien reabre el caso.

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La cinta tuvo gran acogida en varias cadenas de cine comercial, cine independiente y en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura ecuatoriana de Quito. El reconocimiento internacional no tardó en llegar cuando fue una de las nominadas a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2021.

Gonzalo Ponce es el productor ejecutivo de la cinta y su titular en Ecuador. Él denuncia que el 19 de diciembre de 2020, a las 22:00, se transmitió en un canal incautado por el Estado, una primera parte de la película. Una semana después, el sábado 2 de enero de 2021, se transmitió un segundo fragmento.

La tercera y última parte de lo que en realidad era una película y no una miniserie no se terminó de estrenar porque el productor, dueño de los derechos de la película, fue alertado de la emisión no autorizada de Muerte en Berruecos.

Juan Manuel Gutiérrez era el principal al frente de la estación televisiva incautada, por aquel entonces. A él se envió una carta que, en palabras de Gonzalo Ponce, no fue contestada sino hasta que se remitió una tercera carta con copia a Caridad Vela, entonces secretaria de Comunicación, de la presidencia de Lenín Moreno, y al director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi).

La respuesta del Liquidador del canal incautado por el Estado fue insatisfactoria para Ponce, pues en ella el canal aludido se deslinda de toda responsabilidad al argumentar que los derechos de la película fueron adquiridos a una compañía chilena que se decía dueña de la producción cinematográfica.

Por ello, Gonzalo Ponce decidió presentar una tutela administrativa ante el Senadi. Esta figura legal permite determinar si existe el cometimiento de un ilícito en materia de derechos de autor. Tanto la denuncia como las pruebas fueron entregadas en enero del 2021 y, hasta la presente fecha, no existe dictamen alguno a favor o en contra ni del canal ni de la productora ecuatoriana.

En diciembre de 2021, el canal incautado y GPL Comunicaciones asistieron a una audiencia en la que, en palabras de Ponce, se demostró que no se adquirieron legalmente los derechos de la película.

Muerte en Berruecos había sido planificada desde 2014 y, en colaboración de muchos países, se pretendía dar realce a la historia de los orígenes del mismo Ecuador. Se suponía que en 2022 iba a ser un gran año para promocionar la película, pues el Bicentenario abría una gran oportunidad.

Los planes comerciales que se venían haciendo para que la producción tuviera el mayor alcance posible se vieron truncados con la transmisión no autorizada por parte del canal del Estado.

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Para Ponce, el daño ocasionado al no solo usar una copia de pésima calidad sino también el haber fragmentado en partes algo concebido como un largometraje representa no solo pérdidas económicas, sino que también generan un mal precedente para la imagen del país ante el mundo.

Hay un pedido de tutela administrativa presentada por Gonzalo Ponce por "la violación de los derechos patrimoniales y morales de la película Muerte en Berruecos".

Entidades como FUNDAMEDIOS y la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) han mostrado su respaldo a Ponce mientras se espera que el Senadi resuelva la tutela presentada hace más de dos años.

Según Ponce, la exposición mediática del caso a nivel internacional supone un riesgo para posibles nuevas producciones que estén pensando en apostar por Ecuador para generar contenidos audiovisuales, más aún cuando leyes como la de Transformación Digital, recientemente aprobada, busca dinamizar esta actividad. "La indefensión que hoy es notoria para los cineastas del país deja mucho que desear", afirma.

Se pudo conversar con parte de los directivos que estaban al frente de la estación demandada por aquel entonces. En su versión, estos se desvinculan de toda responsabilidad al argumentar que la película fue legítimamente adquirida a la Comercializadora y Distribuidora CIES International Films Limitada, de procedencia chilena.

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Además, sostienen que esa empresa le habría acercado una oferta económica a Gonzalo Ponce para que desista de demandarlos por la apropiación arbitraria de su producción. Ponce calificó de irrisorio dicho planteamiento.