Los límites de Noboa

El debate político de los últimos días avanza por una doble autopista. Una por la que se supone transitan juristas, periodistas, dirigentes y algunos candidatos, además de ciudadanos que interpretan el país desde la vigencia de las leyes y el Estado de Derecho.

Por la segunda vía avanza otra porción de la ciudadanía, quizá mucho más numerosa según dicen las encuestas, que se escuda en el pragmatismo, que todo lo justifica y que es campeona para instalar leyendas de conspiración.

Este grupo de personas está rodeado de una capa de dirigentes, abogados y también periodistas que reduce el drama nacional a la batalla final contra el correísmo. Y en esas circunstancias tan maniqueas, todo vale.

El tránsito por esta segunda autopista es copioso y parece no tener límites de velocidad. Por aquí prefiere conducir el presidente Daniel Noboa, a quien se le presentaron dos problemas gordos. La desaparición y posterior asesinato, macabro y brutal, de cuatro menores de edad guayaquileños, a propósito de una batida militar, cuya patrulla los detuvo y luego de aparentemente agredirlos los dejó a su suerte una noche en Taura. La versión oficial es que las mafias los victimaron.

El segundo tema complejo, es su interpretación de las normas legales, donde no faltan los recovecos hábilmente traídos a colación, para evitar que la vicepresidenta Verónica Abad reemplace temporalmente a Noboa mientras dure la campaña. Además, que el Presidente no quiere hacer un uso total de la licencia que debiera tomar para iniciar su campaña de cara a los comicios del 9 de febrero.

Podríamos decir que a Noboa le conviene encender la llama de la polémica política en torno al caso de Abad y de su licencia. El país está acostumbrado a que sus dirigentes tengan alguna interpretación legal, polémica o no, traída de los cabellos o no, para satisfacer sus intereses personales, coyunturales o programáticos.

Y que estas discusiones legalistas son mucho más llevaderas que, por ejemplo, tener a todo un país hablando del respeto por la vida, la integridad de las personas, los derechos humanos y el tan delicado tema de los crímenes de Estado.

Noboa y su gobierno han sido tajantes respecto al caso de los menores asesinados: que la Fiscalía investigue y que el compromiso de Carondelet con la verdad radica en que toda la patrulla de militares que interceptó al niño y los tres adolescentes está detenida, asumiendo los procesos legales sin dilatorias. Mientras tanto, y para evitar que la discusión tenga tintes político-electoreros, hay que cuidar la reputación de las FF.AA. en términos institucionales.

Seguramente este debe ser el camino correcto para las personas que, como Noboa, tienen la responsabilidad de comandar el Estado por encima de coyunturas tan dolorosas.

Sin embargo, el Régimen ha sido blanco de las críticas por la frialdad con la que ha respondido frente a este caso. Más aún cuando, en medio de esta vorágine, FF.AA. tomó la rápida decisión de respaldar los decretos de Noboa con los que dispuso el traslado de Abad a Turquía y el nombramiento de Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada hasta el 22 de enero, recuperando con ello aquel viejo rol de ser garantes de la democracia. ¿Gobierno y militares se están blindando?

Esta pregunta pasa inadvertida en aquella autopista que hoy corre detrás de un Noboa completamente convencido de que su razón es la razón del Estado.

Es aquí donde entra la reflexión central de este, el primer Código Rojas del año. ¿Qué le hace a un país ceñirse de manera estricta al imperio de la ley?

Muchos responderán que las instituciones son las encargadas de esta vigilancia. Sin embargo, vemos cómo la Asamblea intenta tomarse atribuciones que no le competen para frenar a Noboa; el CNE que ha evitado dirimir en un tema fundamental como ordenar a Noboa a pedir licencia, o lo que acabamos de citar sobre el actuar de las FF.AA.

Muchos analistas podrán advertir que las instituciones, sobre todo el poder electoral o los militares han tomado postura a favor de Noboa porque es el político de moda.

Pero quizá la razón de fondo de este comportamiento es producto de la misma ciudadanía que, cuando se encuentra entusiasmada por un líder carismático, permite que las leyes vayan a un segundo plano, obligando a las instituciones a tener posturas tibias o indiferentes.

Ya le pasó a Ecuador en 2007, que le dio a Rafael Correa vía libre para montar un proyecto político que moldeó un sistema autoritario y poco transparente, y que desmontarlo ha sido una tarea durísima.

Pero ahora, quienes se escandalizaban con los excesos del exmandatario prófugo en Bélgica, justifican las interpretaciones controversiales que Noboa y su gabinete hacen de la Constitución y las leyes. ¿Acaso hay objetivos mayores y urgentes para una sociedad que valgan más que la coherencia institucional?

¡Vaya con esta segunda autopista!