Diana Salazar, en manos de Noboa y Kronfle
Todo indica que más allá de los votos, el verdadero objetivo del acuerdo parlamentario entre el correísmo, el PSC y el bloque del presidente Daniel Noboa es ponerle al país al filo del abismo político. Y dejar procesos abiertos, como el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, para ser usados en el momento oportuno.
Por ejemplo, cuando el gobierno, como muy probablemente ocurrirá, necesite de un salvavidas y por él haya que pagar el precio que sea.
Tanto el Primer Mandatario como el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, han coincidido en restarle importancia al hecho de que el CAL haya aprobado la solicitud de juicio político contra Salazar y, con ello, permitir que la Comisión de Fiscalización configure el proceso.
Noboa insiste en que su agrupación, que controla, unos 25 legisladores entre propios y rejuntados, no dará los votos para la censura.
Y Kronfle, además de señalar que del PSC tampoco saldrá ningún apoyo, se aferra al hecho de que este juicio político quedará para finales de 2024, cuando el período de Salazar (abril de 2025) haya concluido.
Lo curioso es que, en lugar de insistir en este lavado de pretextos apelando a la futurología, tanto los socialcristianos como ADN bien pudieron parar el pedido de juicio contra Salazar en el CAL y blindarla institucionalmente.
Entonces, aparece la otra excusa: que el formalismo del trámite, pese a que la Unidad Técnica Legislativa sugería lo contrario, debe ser asumido con total objetividad. Quizás, en ese sentido, Kronfle tenga razón, porque sobre esas mismas consideraciones, el CAL tendrá que despachar el proceso contra Wilman Terán, presidente de la Judicatura, que está en la mira del bloque de Construye, con el respaldo del PSC y ADN.
El correísmo canta victoria por lo sucedido contra Salazar, pues sería un error suponer que ese juicio político y el juicio político a Terán generan una suerte de equilibrio de fuerzas, pues Terán, sin los votos correístas (51), nunca podrá ser destituido, pues los otros bloques no llegan a 92, porque para su cargo ese debe ser el número mínimo de asambleístas que opten por su censura.
Mientras que para destituir a la Fiscal solo se necesitan 70 votos. Es decir, que los 19 restantes pueden venir, incluso desde el Gobierno, si este se parte como le ocurrió a Lasso con el BAN, cuando la mitad apoyó las amnistías contra los manifestantes del paro de 2019, bajo el argumento de que CREO no controlaba todas las curules.
El país debe saber que si Salazar es destituida, su carrera política para las elecciones de 2025 se frustraría.
Visto así el escenario, para que el país no se desbarranque por este abismo político, no solo se depende de la palabra de Noboa y Kronfle, sino de su fuerza política a futuro. Y esta es la variable más riesgosa.