28 mar 2024 , 11:29

Atamaint: Noboa tiene todo el derecho a promocionar el SI de cara a la consulta popular

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que el mandatario no puede usar la organización política ADN para promocionar el plebiscito.

El presidente de la República, Daniel Noboa, no tiene impedimento para promocionar el SI en la consulta popular, recordó este jueves 28 de marzo la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La funcionaria, en una declaración ante los medios de comunicación, señaló que, al tratarse de una propuesta del Ejecutivo, Noboa "tiene todo el derecho" para promoverla. Sin embargo, aclaró que el mandatario no puede usar la organización política ADN para impulsarla, puesto que esa estructura aún no está reconocida oficialmente.

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Las preguntas de la consulta

Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a votar en el próximo proceso electoral, que inicia el viernes 19 de abril con el sufragio de los privados de libertad, luego con el Voto en Casa y las elecciones en el exterior y, finalmente, el 21 de abril con el resto de la población.

Entre las cinco preguntas de enmiendas a la Constitución que se votarán en referéndum se incluye una sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado y otra que permite la extradición de ecuatorianos.

También sobre la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.

Entre las seis preguntas del plebiscito que no implican cambios en la Constitución sino reformas a normativas internas se incluye la posibilidad de permitir que los militares controlen los accesos a las cárceles de forma permanente.

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Asimismo, reformas del código penal para elevar las penas a delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.

También eliminar beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo y otros delitos, tipificar el delito de tenencia o porte de armas y permitir que el armamento incautado a las bandas criminales se destine al uso de las fuerzas de seguridad del Estado.

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