Conformaron veeduría para velar por derechos de ppl en cárcel de Latacunga

Familiares de las 351 personas privadas de la libertad (ppl) que fueron trasladados, el viernes pasado, desde el expenal García Moreno, de Quito, hacia la nueva cárcel de Latacunga conformaron una comisión de veeduría para vigilar que el Gobierno Nacional dote de servicios a ese centro carcelario.

María Follego, esposa de uno de los ppl -que ocupan dos pabellones de la nueva cárcel-, explicó que el compromiso que asumió el lunes el Gobierno, a raíz de una reunión en la Presidencia de la República y otra en el Ministerio del Interior, fue dotar hasta este miércoles de agua, energía electrica, ropa y alimentación a los reclusos, “El Gobierno reconoció los problemas y que fue una decisión apresurada”.

Aunque los familiares de los presos pidieron que sean devueltos a Quito hasta que la construcción de la cárcel termine, el Gobierno negó esa posibilidad, decisión que ahora los miembros de la veeduría aceptan aunque hacen una advertencia: “si vemos que no se están cumpliendo las peticiones que hemos realizado, que vuelven a vulnerar los derechos de nuestros presos, tomaremos acciones legales contra el Estado o contra quien sea”.

Este medio de comunicación intentó dialogar con la presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación, Ledy Zúñiga, pero después de varias conversaciones telefónicas, la funcionaria no confirmó la entrevista.