Ponce Enríquez, el pequeño cantón minero donde Los Lobos recrudecen la violencia

El asesinato del alcalde José Sánchez, ocurrido la noche del miércoles 17 de abril de 2024, ha marcado un punto crítico en la escalada de violencia en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay.

El alcalde de 52 años se encontraba en una cancha, acompañado por su equipo de seguridad. Según Joel Tamayo, policía del cantón, fue allí cuando aproximadamente ocho individuos armados con armas largas, presuntamente vestidos como militares, protagonizaron el crimen, donde murió un custodio y el alcalde.

En octubre de 2023, Sánchez -quien en su administración abanderó la lucha en contra de la minería ilegal- ya había denunciado un atentado en su domicilio: "Esta no es una intimidación. Esto se llama tentativa de homicidio", aseveró.

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Lo cierto es que el pequeño cantón de solo 17 500 habitantes hace cuatro años relativamente imperaba la calma, en ese periodo, el número de muertes violentas aumentó de cinco en 2020 a 28 en el año anterior.

La ubicación del cantón Camilo Ponce Enríquez, al oeste de la provincia de Azuay, es un punto de partida para explicar el recrudecimiento de la violencia.

Según Katherine Herrera, consultora política en Seguridad Pública del Estado, se considera estratégica no solo debido a la alta actividad de minería ilegal, las bandas, explica, "notaron que su ubicación geoestratégica también ayuda para el acopio y el transporte de la droga".

Aunque en el pasado la minería estuvo presente principalmente a una escala artesanal, según detalla Herrera, se ha expandido significativamente en los últimos años, en la actualidad, en el mundo del crimen organizado cumple dos funciones principales en el cantón.

No solo se limita a la creación de explosivos, sino que también sirve como fuente de financiamiento para el narcotráfico y otras actividades criminales conexas, como la extorsión y el secuestro.

En ese sentido, quienes ha captado la mayoría de la zona desde finales de 2021 e inicios de 2022, según fuentes policiales consultadas por este medio, son Los Lobos, banda declarada como terrorista por el gobierno de Daniel Noboa. Se ha vinculado a Los Lobos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, y actualmente estarían en 15 provincias del país, sobre todo en la Sierra.

De acuerdo a la experta en seguridad, "la dinámica de la minería ilegal de este grupo específico (Los Lobos) implica que ellos no son quienes están directamente involucrados en las operaciones mineras, actúan como una especie de 'proveedores de seguridad' para permitir que los trabajadores realicen sus labores".

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A cambio de un pago, es decir, vacuna o extorsión, que, según afirma, puede ascender entre USD 5 000 y 6 000 semanales. Además, de este papel en la minería ilegal, también se involucran como socios para el lavado de activos, "un dinero que les permite usarlo para el delito macro que es el narcotráfico".

De acuerdo con una investigación del portal periodístico Código Vidrio, Los Lobos tienen bajo su control directo 20 minas de oro, además de extorsionar a empresas con concesiones en otras 30 minas y dominar a 40 grupos de mineros ilegales. Estas operaciones les generan ganancias estimadas de hasta USD 3.6 millones al mes.

Tan solo dos semanas antes del ataque contra el alcalde, el pasado 30 de marzo de 2024, alias Vicente, cabecilla de la organización terrorista y sobre quien pesaba una orden de captura de Interpol, fue detenido en el sector Santa Marta, en el cantón.

Este año, varios eventos han confirmado la presencia de Los Lobos en la zona. Además de la captura de su líder, en enero se llevaron a cabo más de 29 allanamientos en los cantones de Ponce Enríquez, Machala, Pasaje y Tenguel, lo que resultó en la detención de 13 miembros de la banda.

Así el ataque contra el alcalde, explica Diego Pérez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), es una demostración de la pretensión de tomar el control del cantón, "cuando estas organizaciones terminan asesinando a la autoridad del de ese territorio están haciendo una demostración de fuerza".

Además, Sánchez, quien presidió la cámara de minería de este cantón en 2021, lideraba la lucha contra las actividades extractivas ilegales. Según Pérez, la falta de garantías del Estado para las autoridades seccionales, como se ha evidenciado en diferentes cantones, ha llevado a una situación donde "no les queda más remedio que plegarse o combatir, y a veces parece que plegarse es mucho más fácil porque puede resultar rentable e incluso puede significar la diferencia entre vivir o morir".