El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dicta medidas cautelares por caso de los cuatro menores en Guayaquil

El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares sobre las desapariciones de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, menores detenidos por militares en Guayaquil el pasado 8 de diciembre.

La resolución fue compartida por el Comité Permanente por la Defensa de DD. HH. de Guayaquil, quienes han patrocinado a la familia de los menores desaparecidos.

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El Estado ecuatoriano debe cumplir las medidas hasta el 7 de enero de 2025 son las siguientes:

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Además, se dispuso implementar mecanismos oficiales para informar periódicamente a las familias de Josue, Ismael, Steven y Saúl sobre los avances y resultados de las investigaciones y procesos de búsqueda.

Asimismo, se ordenó que se garantice que las familias de Josue, Ismael, Steven y Saul puedan participar en los procesos de búsqueda e investigación cuando lo deseen.

Los padres de los menores de edad deben recibir protección por agentes especializados, asegurando que los beneficiarios de las medidas puedan tener la confianza necesaria en las personas a cargo de su acompañamiento.

En una entrevista radial, el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo confirmó que militares de la Base de Taura detuvieron a los menores el 8 de diciembre. Sin embargo, aseguró que al momento que se produjo la llamada de un menor con uno de los padres, los jóvenes ya no estaban bajo custodia militar.

Calificó de inaceptable el procedimiento de haberlos liberado sin entregarlos a la Policía Nacional.

La Defensoría del Pueblo exigió al Estado ecuatoriano responder con verdad y justicia por la desaparición de los niños Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina en el sur de Guayaquil.

César Córdova, defensor del Pueblo, aclaró que no es competente para investigar, sancionar y reparar ante situaciones de desapariciones; sin embargo, apuntó que desde su institución han hecho vigilancia del debido proceso, a fin de contribuir a la generación de garantías de no repetición, que comprenden evitar que se repitan las violaciones a los derechos humanos.

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La DPE impulsó una gestión oficiosa al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quien se requirió información sobre los respectivos partes y/o informes de las acciones sobre dicho procedimiento, donde deben constar los nombres de los militares que efectuaron dicho operativo, a fin de determinar la real intervención en dicho operativo que habría provocado la desaparición de los menores.

Córdova dio a conocer que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Ecuador, es el principal tratado a tomar en cuenta para este posible delito.

Este acuerdo declara que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática y generalizada, y al no ser el primer caso de conocimiento público con hechos similares, se debe garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.